El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado una política arancelaria dirigida a varios países con el fin de proteger a la industria estadounidense. Con el objetivo de «hacer América grande otra vez», Trump establecerá una imposición de tarifas máximas con un posible ajuste en caso de negociación con los países afectados que permitan obtener contrapartidas que beneficien a su país.
Esta medida ha generado un debate sobre el proteccionismo en un mundo en el que el libre comercio queda acotado a la vieja Europa, aunque también está marcado por una gran cantidad de regulaciones y normas internas que afectan a las empresas y productos e impiden el desarrollo de la investigación e innovación. En este sentido, se olvidan que, si la competencia es justa y premia a los sistemas más eficientes, las reglas del juego deben ser iguales para todos ya que está en juego la salud de todos nosotros.
Los aranceles son impuestos establecidos por otros países, y nuestra única esperanza es que gobiernos fuertes sepan negociar en beneficio de su nación. Sin embargo, en el caso de España, se han incrementado 81 impuestos desde que Pedro Sánchez asumió la presidencia, intensificando la presión sobre los ciudadanos y, en consecuencia, empobreciendo cada vez más a los españoles.
Además, mientras los servicios públicos continúan su declive y los empleos se vuelven más precarios, no indigna con la misma cobertura mediática la resignación de los españoles que se ven obligados a vivir de pensiones y prestaciones mínimas, o que dependen de empleos de baja calidad que no corrigen las desigualdades, sino que igualan a todos en la pobreza.
La paradoja del Gobierno de Sánchez: subir impuestos para no redistribuir
Según el noveno Informe del Observatorio sobre el reparto de los impuestos y las prestaciones entre los hogares españoles de Fedea, el sistema fiscal y las prestaciones públicas corrigieron sólo un 32,5% de la brecha económica en 2022, la cifra más baja desde 2017. En este contexto, la paradoja del Gobierno de Sánchez, fabricado a trocitos de las exigencias de partidos con intereses muy dispares y sometido también a las exigencias de Bruselas, es que sube impuestos para no redistribuirlos a las rentas más bajas.
Así, el expolio fiscal del Ejecutivo, sumado a los fondos europeos y al enorme endeudamiento, no ha sido capaz de crear un modelo de crecimiento económico fuerte que posibilite trabajos estables y dignos a unos ciudadanos formados y libres que nos devuelvan el orgullo de ser español. Asimismo, tampoco serán capaces de negociar cara a cara y con fuerza frente a las imposiciones que nos vienen de fuera.
Las amenazas nuevas requieren soluciones nuevas que ya se están experimentando en el mundo y España debe encontrar la suya siempre con la mira puesta a defender sus intereses y a aliarse con los que sigan las mismas reglas del juego, porque nuestra soberanía está en juego y nuestra viabilidad como país también.
