El campo español enfrenta una crisis prolongada que se agrava cada trimestre. Las pérdidas económicas y la desaparición de explotaciones han marcado la tendencia de los últimos años, mientras que los agricultores denuncian un futuro incierto por la falta de rentabilidad y la ausencia de medidas efectivas que garanticen su supervivencia.
Las cifras son preocupantes. En 2024, el sector agrario cerró con 284.711 empresas, empleando a 732.258 trabajadores, según los últimos registros del portal IPYME del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Esto supone una reducción del 4,8% en el número de explotaciones (14.300 empresas menos) y un descenso del 4,2% en el empleo respecto a diciembre de 2021.
El problema no es sólo el cierre de explotaciones, sino la dificultad para atraer a nuevas generaciones. El envejecimiento del sector y la falta de rentabilidad están llevando a muchos jóvenes a optar por otros caminos. «Los jóvenes no buscan sólo sostenibilidad ambiental, sino rentabilidad. Si el campo no es rentable, nadie se meterá en un negocio ruinoso», advierte el coordinador de Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, Luis Cortés, a The Objective.
Uno de los mayores desafíos del sector es el relevo generacional. Al menos 100.000 explotaciones están en riesgo de desaparecer si no se toman medidas urgentes. La mayoría de las empresas agrarias son autónomos sin asalariados (61,3%) o microempresas con menos de diez empleados (34,8%), lo que las hace especialmente vulnerables.
Mientras otros sectores han mantenido una relativa estabilidad, con un crecimiento del empleo del 10,6% en el mismo período, el agrario ha seguido en caída libre. «Si seguimos así, el campo desaparecerá poco a poco», lamentan desde Unión de Uniones.
El sector agrario ha soportado en los últimos años una combinación de factores adversos: sequías, riadas, competencia desleal de productos importados y el encarecimiento de los insumos básicos. Pero a estos problemas se suma otro que preocupa especialmente a los agricultores: la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, pactada entre el Gobierno y los sindicatos.
Desde ASAJA, su presidente, Pedro Barato, advierte de que esta nueva normativa «dejará al sector en una situación insostenible». La escasez de mano de obra ya es un problema, y la reducción de jornada supondrá un aumento de costes inasumible.
«Las explotaciones agrícolas dependen de ciclos naturales y de factores climáticos. Imponer una reducción de jornada sin atender a la realidad del campo generará serias dificultades», lamentan los agricultores.
La situación ha encendido las alarmas entre los productores, que denuncian que se están tomando decisiones sin contar con ellos. «Nos están asfixiando con normativas que no tienen en cuenta las necesidades del sector«, afirman desde ASAJA.
Mientras tanto, el campo sigue resistiendo, aunque cada vez con más dificultades. Sin rentabilidad, sin relevo generacional y con una regulación cada vez más estricta, la agricultura y la ganadería en España enfrentan uno de sus momentos más críticos en décadas.
