España se enfrenta a un 2025 cargado de transformaciones económicas, fiscales y sociales. Según las previsiones del Banco de España, con una tasa de crecimiento económico del 2,5% y una inflación que alcanzará el objetivo del Banco Central Europeo (2%), se requerirán ajustes regulatorios para implementar las reformas necesarias tras el cierre de varias medidas anticrisis.
En este contexto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, continuará con su política de aumentar los impuestos, que ya ha llevado a cabo de manera constante desde su llegada a La Moncloa en 2018. Durante su mandato, ha aprobado 93 subidas fiscales y de cotizaciones, lo que ha generado un impacto acumulado de casi 42.000 millones de euros, equivalentes a unos 2.200 euros por hogar. Sin embargo, para 2025, bajo la dirección de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, proyectan una subida adicional de más de 7.000 millones de euros en recaudación fiscal, lo que supondría un coste extra de 371 euros por hogar, según cálculos del Instituto Juan de Mariana.
Entre los cambios previstos, se encuentra la eliminación de las rebajas fiscales sobre los alimentos básicos, lo que provocará un aumento en el precio de productos esenciales como la leche, el pan y las verduras. No obstante, se ha decidido mantener el IVA reducido del 4% en el aceite de oliva, una medida incluida en el paquete de reformas fiscales aprobado por el Consejo de Ministros.
A partir de 2025, también se prevé el retorno del IVA al 21% en las facturas de electricidad, así como ajustes en la tarifa regulada PVPC, que varía según la hora del día. Asimismo, desaparecerán las deducciones fiscales en el IRPF para reformas destinadas a mejorar la eficiencia energética en viviendas, que hasta ahora permitían desgravarse hasta un 20% del gasto, con un límite de 5.000 euros, si se lograba un ahorro energético del 7%.
El nuevo ejercicio también traerá consigo la implementación de nuevos impuestos y el aumento de algunos ya existentes. Un ejemplo de ello es el nuevo tributo sobre la gestión de residuos, que se aplicará a partir de abril de 2025 en municipios con más de 5.000 habitantes. Los ciudadanos que ya pagaban esta tasa verán un incremento significativo en el importe, mientras que aquellos que no estaban sujetos a este impuesto deberán comenzar a abonarlo.
En cuanto al IRPF, se aplicará un incremento en el tipo impositivo para las rentas superiores a los 300.000 euros anuales, pasando del 28% al 30%. Esta subida afectará principalmente los ingresos provenientes de depósitos, dividendos, seguros y transacciones inmobiliarias. Por su parte, las pequeñas y medianas empresas (pymes) verán una reducción de su tipo impositivo del 25% al 20%, mientras que las grandes corporaciones con beneficios en el extranjero enfrentarán un aumento en su carga tributaria.
Desde el Registro de Asesores Fiscales (Reaf) del Colegio de Economistas advierten que estas reformas fiscales incrementarán significativamente la carga tributaria para familias y empresas, lo que generará una mayor preocupación por los elevados costes. A este escenario se suman las dificultades que trae la pérdida de poder adquisitivo debido a la falta de actualización de algunos tramos del IRPF, lo que afectará de manera negativa a las finanzas tanto domésticas como empresariales.
