El veto del Gobierno español a la compra de Talgo por parte de Ganz-Mavag Europe, un consorcio húngaro público-privado, ha generado diversas consecuencias legales y empresariales que han dejado al fabricante de trenes en una situación incierta tanto en los mercados como a nivel corporativo. El Ejecutivo argumentó «riesgos insalvables para la seguridad nacional y el orden público» como motivo principal de su rechazo a la operación, valorada en 620 millones de euros. Tras la difusión de las primeras noticias sobre el bloqueo, las acciones de Talgo se suspendieron temporalmente en la bolsa y, al reanudarse, sufrieron una caída del 8,7%, cerrando en 3,92 euros, un 21% por debajo de los cinco euros ofrecidos por el consorcio.
Ganz-Mavag Europe, compuesto en un 55% por el empresario András Tombor a través de Magyar Vagon y en un 45% por el Estado húngaro mediante el fondo público Corvinus, ya está analizando vías legales tanto en España como en Bruselas, según explica este miércoles El Confidencial. Aunque el grupo de Tombor ha tratado de presentar la operación como estrictamente empresarial, el Gobierno español ha subrayado los «vínculos» del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, con el presidente ruso Vladímir Putin. Sin embargo, la sociedad rusa Transmaholding no es accionista de Magyar Vagon desde que la alianza se rompió tras la invasión de Ucrania en 2022.
Tanto Ganz-Mavag Europe como Talgo están evaluando sus opciones legales y corporativas. El consorcio húngaro ha llevado el caso ante la Comisión Europea, alegando que el escudo antiopas español no es compatible con la legislación comunitaria. Fuentes cercanas al consorcio aseguran que se presentarán recursos ante el Tribunal Supremo y la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea.
El bloqueo también ha provocado el malestar de Talgo y sus accionistas, principalmente el fondo de capital riesgo Trilantic Capital Partners, quienes esperan conocer los motivos concretos que llevaron al Gobierno a frenar la operación. Las fuentes contultadas por el citado diario consideran que tanto Talgo como sus inversores podrían sumarse a las acciones legales, ya que los criterios del escudo antiopas, según estas fuentes, están claramente definidos (competencia, productos militares, patentes) y no deberían haber justificado el veto.
El bloqueo ha sumido a Talgo en un escenario complicado, ya que, según fuentes próximas al fondo húngaro, la judicialización de la opa dificulta la posibilidad de que surja otro comprador. La empresa, que cuenta con fábricas en el País Vasco y Madrid, atraviesa problemas de capacidad industrial, lo que se ha reflejado en los retrasos en las entregas de trenes Avril a Renfe. El propio Gobierno, a través del ministro Óscar Puente, criticó estos retrasos, que afectaron la circulación de trenes durante el verano.
Además, fuentes cercanas a la operación advierten que Talgo, con una deuda elevada y necesidad de liquidez, podría enfrentar dificultades adicionales si sus financiadores deciden dejar de respaldar a la compañía. También existe el riesgo de que ingenieros y otros profesionales clave abandonen la empresa, en busca de oportunidades en competidores como CAF o Stadler, que operan en el mismo mercado.
El consejo de Talgo, consciente de los problemas, envió una carta a la Jinvex en verano donde destacaba que la opa presentada por Ganz-Mavag era la única que garantizaba estabilidad financiera, estratégica y accionarial, y cumplía con los tres criterios considerados esenciales para la compañía. En el documento preliminar de esta carta, al que tuvo acceso El Confidencial, Talgo criticaba al Gobierno por buscar alternativas a la opa húngara, entre ellas la propuesta del fabricante checo Skoda, que no cuenta con el respaldo de los principales accionistas de Talgo y que atraviesa sus propios problemas financieros.
