La penúltima sesión del Parlamento Europeo se llevó a cabo para aprobar las nuevas reglas fiscales que consisten en lo siguiente: «Los países con deuda excesiva tendrán que reducirla, de media, un punto porcentual al año si se sitúa por encima del 90% del PIB, y en 0,5 puntos si está entre el 60% y el 90% del PIB. Si el déficit supera el 3% del PIB, el país en cuestión tendrá que reducirlo en los periodos con crecimiento para alcanzar 1,5% y acumular capacidad de gasto para utilizarla cuando las condiciones económicas sean menos propicias». Además, los Estados miembros deberán remitir sus primeros planes nacionales antes del 20 de septiembre de 2024.
Esto significa que España, que en 2023 cerró el año con un 3,6% de déficit y un 107,4% de deuda sobre el PIB, tiene que presentar un plan antes el 20 de septiembre de este año de cómo va a cumplir con estos objetivos. Teniendo en cuenta que el INE de la Sra. Manzanera ha presentado un crecimiento del 0,7%, está obligada a presentar un plan de cómo va a llegar al 1,5% de déficit en los próximos 4 años y “acumular una capacidad de gasto para utilizarla cuando las condiciones económicas sean menos propicias”.
La situación se le está complicando y mucho al gobierno de Sánchez, ya que si fuerzas la máquina con el INE para sacar buenas notas en el PIB, te estás ahorcando al tener que reducir el déficit y, por ende, el gasto público. Y es que, tal y como hemos explicado en alguna ocasión, el gasto se va a disparar en 50.000 millones este año debido a los 11.000 millones de más de las pensiones, a los 8.000 millones más de salarios, a los 7.000 millones de intereses, a los 12.000 millones más en defensa y a las subidas de gasto en educación y sanidad.
Por lo tanto, sacar pecho por el PIB te obliga a ser mucho más riguroso con el déficit, pudiendo llegar a forzar al Gobierno a tener que o bien mentir, que no le preocupa nada, o bien negociar a cara de perro con sus socios dando por hecho que no podrá dar a Cataluña ni al País Vasco lo prometido, algo complicado dado el estado de rebeldía mostrado por Puigdemont desde el inicio de la legislatura o la necesidad del PNV de transmitir a su electorado su valía tras el crecimiento de Bildu.
Pero es que, además, los datos publicados por la Intervención General de la Administración del Estado para el cierre de febrero son tremendamente malos para el Gobierno. Los resultados consolidados de la Administración General, más los Organismos y Agencias Públicas, más la Seguridad Social, más las Comunidades Autónomas, suman un 17,4% más de déficit en las finanzas públicas; pues, a pesar de la recaudación superior del 5,1% de ingresos sobre 2023, los gastos se han disparado un 6,5%.
¿Qué está pasando? En la parte de ingresos vemos que los impuestos recaudados crecen un 6,2% al ritmo de 1.190 millones al mes. Los ingresos por cotizaciones sociales crecen un 7,7% a un ritmo de 1.204 millones, pero con muchos problemas en la recaudación de otros ingresos corrientes, porque los organismos no dan para más y lo mismo pasa con los otros ingresos de capital, donde decrecen en 850 millones en los 2 primeros meses.
En cualquier caso, los ingresos suman 4.007 millones más que en 2023, lo que quiere decir que, a este ritmo, conseguirá ingresar 24.000 millones más que el año pasado. El problema no está en los ingresos, sino en los gastos. Así, tenemos que los salarios en 2 meses suben un 5,7%, a un ritmo de 554 millones, que lleva a garantizar que la partida de salarios crecerá en 7.749 millones, más lo que cuesten las nuevas
incorporaciones.
En los intereses, donde vemos que la partida crece un 25,2% en los dos primeros meses, suma un
incremento de gasto mensual de 532 millones que nos lleva, como mínimo, a alcanzar los 6.378
millones. Las prestaciones sociales crecen un 7,2%, lo que equivale a 1.502 millones mensuales que se llevarán a final de año un incremento de gasto de 18.030 millones de euros.
Si a ello le sumamos la subida de los gastos generales, los otros gastos corrientes y los de capital, que llevan un ritmo mensual de 516 millones que anualizados se van a ir 6.192 millones, ya podemos ver que estamos en un ritmo de más de 38.000 millones -sin meter a las Corporaciones Locales-. Por lo tanto, a finales de febrero los gastos se han disparado un 6,5%, llevándonos a un déficit de 12.031 millones. Un 17,4% más que el año 2023.
La cosa se empieza a poner cruda para un gobierno desestabilizado emocionalmente por la crisis generada por la amada del presidente, sus negocios nada claros y por lo que se va a venir encima a esta coalición después de las elecciones europeas.
