En España, cada vez más prestaciones públicas recaen sobre el sector privado, una tendencia que ha reflejado el envejecimiento demográfico y el creciente afán por parte de los políticos hacia el empleo público y el asistencialismo. Esta situación ha generado lo que muchos consideran una «patata caliente» insostenible, que sigue afectando la economía del país.
No obstante, el Gobierno de Pedro Sánchez, a través del Ministerio de Seguridad Social, ha expresado su orgullo ante esta problemática tras celebrar que, según el último informe oficial, la nómina del Ingreso Mínimo Vital (IMV) alcanzó en febrero a 688.007 hogares, lo que representa a más de 2 millones de personas. La cuantía media del subsidio fue de 511,2 euros al mes por hogar, lo que suma un gasto total de 391,1 millones de euros en ese mes.
Asimismo, el Gobierno ha querido destacar que en febrero de este año hubo 130.602 prestaciones activas más que en el mismo mes de 2024, lo que supone un incremento del 23,4%. Esto ha beneficiado a 427.929 personas más en comparación con el año pasado. Por otro lado, la otra partida importante es la cifra de beneficiario de la prestación por desempleo, que alcanzó las 1.808.297 personas en febrero, un coste que seguirá en aumento.
