El déficit de vivienda acumulado en España desde 2021 ya roza las 800.000 viviendas, una cifra que refleja el profundo desequilibrio entre los hogares creados y las casas terminadas durante los últimos años. Sin embargo, y según señala El Confidencial en su edición de este viernes, expertos del sector advierten de que el agujero real es todavía mayor, ya que las estadísticas oficiales no contabilizan a miles de jóvenes que ni siquiera han podido emanciparse por culpa de los elevados precios del mercado inmobiliario.
La gravedad de la situación ha encendido las alarmas incluso fuera de España. El último informe del Fondo Monetario Internacional sobre la economía española lanza una advertencia contundente al Gobierno: «El deterioro de la asequibilidad de la vivienda exige medidas más decisivas para impulsar la oferta». El organismo internacional considera que sin un aumento acelerado de la construcción, la crisis habitacional seguirá agravándose.
Los datos son demoledores. Según los cálculos de Oxford Economics, un hogar medio necesita ya el equivalente a ocho años completos de renta disponible para poder comprar una vivienda en España. En las zonas más tensionadas, como Madrid, Barcelona, Baleares, País Vasco o Málaga, el esfuerzo se dispara hasta casi 18 años de ingresos íntegros para adquirir una casa.
El informe del FMI supone además un serio tirón de orejas al Ejecutivo de Pedro Sánchez. El organismo considera que las medidas impulsadas hasta ahora se han centrado principalmente en el control de precios, mientras la construcción continúa bloqueada por la burocracia y la inseguridad jurídica.
El proyecto del Gobierno de Sánchez para desbloquear suelo, la llamada Ley del Suelo, permanece atascado en el Congreso debido a la debilidad parlamentaria del Ejecutivo. Mientras tanto, el mercado continúa acumulando tensión y los precios siguen escalando. El FMI plantea tres recetas concretas para tratar de aliviar el cuello de botella inmobiliario. La primera pasa por acelerar el desarrollo urbano. Actualmente, los planes urbanísticos pueden tardar años en aprobarse, reduciendo drásticamente el suelo disponible para construir, especialmente en las zonas con mayor presión de demanda.
La segunda medida reclama reducir la incertidumbre jurídica que pesa sobre el sector promotor. El organismo alerta de que numerosos proyectos terminan paralizados por recursos judiciales o trabas administrativas incluso después de iniciarse las obras. Esta situación, advierte, desincentiva la inversión y frena nuevas promociones.
La tercera gran recomendación es simplificar los permisos de construcción. El FMI denuncia que la burocracia excesiva prolonga durante años los trámites y acaba comprometiendo la rentabilidad de muchos proyectos inmobiliarios, pese al elevado precio final de las viviendas.
El organismo también muestra preocupación por el crecimiento del crédito hipotecario. Con este diagnóstico, el Fondo concluye que España afronta ya una triple amenaza: una crisis social por el imposible acceso a la vivienda; una crisis política por el bloqueo normativo y una potencial crisis financiera si continúa relajándose el crédito hipotecario.
