Con la llegada del nuevo año, el Gobierno de Sánchez ha implementado una serie de medidas fiscales que afectarán a más de 21 millones de trabajadores, autónomos y empresas en España. Entre las novedades más destacadas se encuentra el aumento del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), una medida que encarece las cotizaciones sociales y supone un golpe directo a los ingresos de trabajadores y empleadores.
El MEI, introducido por el exministro de Seguridad Social José Luis Escrivá como parte de su reforma de pensiones en 2023, establece un incremento gradual en las cotizaciones sociales cada 1 de enero hasta 2029. Este año, el alza será del 0,80%, de los cuales un 0,67% recaerá en las empresas y un 0,13% en los trabajadores asalariados. Para los autónomos, sin embargo, la carga es total: deberán asumir íntegramente este aumento del 0,80%. Este mecanismo, que el Gobierno justifica como una medida para reforzar el sistema de pensiones ante el envejecimiento de la población, ya recaudó más de 3.300 millones de euros en 2024 y espera superar los 4.400 millones este año.
Además, como novedad en 2025, se ha introducido la denominada «cuota de solidaridad», que afectará a los salarios más elevados. Esta medida aplicará un porcentaje adicional de cotización sobre la parte del sueldo que supera la base máxima actual. Sin embargo, los afectados no obtendrán ningún beneficio en sus futuras pensiones, ya que esta cuota no incrementará el importe de las prestaciones.
En paralelo, los autónomos también enfrentan un ajuste en sus cotizaciones. Este año, quienes declaren ingresos superiores a 1.700 euros mensuales verán incrementado su pago, mientras que los que ganen menos podrían pagar lo mismo o incluso menos que en 2024. Estas medidas se suman a un plan fiscal progresivo que impacta tanto a las pequeñas empresas como a los trabajadores por cuenta propia.
La estrategia del Gobierno, según ha reiterado el Ejecutivo, tiene como objetivo reforzar la sostenibilidad del sistema de pensiones, especialmente ante el impacto de las jubilaciones masivas de la generación del baby boom. No obstante, las críticas no han tardado en llegar. Sectores económicos y asociaciones de trabajadores denuncian que estas medidas representan un «castigo al empleo y al esfuerzo laboral», mientras que los ingresos recaudados no garantizan una mejora directa en las prestaciones sociales.
Con estas subidas, 2025 comienza marcado por un incremento en la presión fiscal que, según analistas, afectará especialmente a los autónomos y a los salarios más altos, dificultando aún más la competitividad de la economía española.
