El Gobierno de España cerró el cuarto año de ejecución del Plan de Recuperación y Resiliencia con el peor dato registrado hasta ahora en cuanto al desembolso de los fondos europeos Next Generation. A lo largo de 2024, apenas se realizaron pagos por valor de 9.114 millones de euros, lo que representa sólo un 26,6% del presupuesto asignado para ese ejercicio, según los datos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) adelantados por The Objective.
Este resultado marca el nivel más bajo desde que comenzaron los pagos en 2021, tanto en volumen absoluto como en porcentaje sobre los fondos disponibles. A pesar de un último esfuerzo en diciembre, con más de 1.500 millones abonados, la tendencia no logró revertirse. La media trimestral del último periodo se situó en torno a los 1.000 millones, insuficiente para compensar la parálisis acumulada durante el año.
La comparación con ejercicios anteriores confirma esta caída progresiva en la ejecución. En 2021 se abonó el 45,5% del total previsto (11.003 millones); en 2022, el 39,6% (11.271 millones); y en 2023, el 27,3% (9.822 millones). El patrón descendente se ha consolidado, a pesar de que el Ejecutivo suele destacar públicamente la supuesta eficacia en la aplicación de los fondos europeos.
Durante los cuatro años del plan, las diferentes administraciones —estatal, autonómicas y locales— han ido reduciendo su ritmo de gasto. Esta situación ha provocado retrasos en la puesta en marcha de proyectos clave y ha impedido que el tejido económico y empresarial perciba con claridad los efectos de este gran paquete de ayudas comunitarias. En total, desde 2021 se han ejecutado pagos por 41.210 millones de euros, muy por debajo del total comprometido.
El Ministerio de Hacienda, en un intento de maquillar los porcentajes, ajustó a la baja los créditos presupuestarios a finales de 2024, pasando de 36.340 millones a 34.236 millones. Si se hubiera mantenido la previsión inicial, el porcentaje de ejecución habría caído aún más, hasta el 25,1%. Esta cifra refleja el dinero que se preveía gastar, pero que no llegó a distribuirse.
Cabe recordar que el presupuesto anual para estos fondos aparece reflejado en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) como créditos condicionados al cumplimiento de hitos pactados con la Comisión Europea. Es decir, el Tesoro no recibe automáticamente todo el dinero de Bruselas, sino que los desembolsos se liberan en función del avance de las reformas y proyectos acordados.
