La próxima empresa estatal de vivienda que impulsa el Gobierno tiene como pilar clave a la Sareb, también conocida como el banco malo. Según anunció el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, esta entidad aportará inicialmente 30.000 viviendas al proyecto, con la meta de llegar a 40.000 inmuebles. Sin embargo, este ambicioso objetivo supera el inventario actual de la Sareb, que cuenta con 38.316 propiedades, muchas de las cuales no están en condiciones óptimas ni en ubicaciones con alta demanda, lo que ya ha generado problemas en ocasiones anteriores.
El origen de muchas de estas propiedades se remonta al plan presentado durante la campaña electoral de 2023, en el que se ofrecieron 184.000 viviendas sociales a comunidades autónomas y ayuntamientos. De esas, más de 20.000 unidades pertenecientes a la Sareb fueron ofrecidas a administraciones locales, pero la mayoría fueron rechazadas debido a problemas legales o estructurales. Hasta ahora, sólo 400 viviendas han sido aceptadas por estas entidades, mientras que las restantes siguen en el mercado o ya han sido vendidas a particulares.
Este fracaso inicial evidencia un reto importante: la dinámica cartera de la Sareb. Los activos residenciales se reponen constantemente a medida que se desbloquean procesos judiciales o se transforman garantías hipotecarias en viviendas habitables. Aun así, muchas propiedades han sido gestionadas por empresas externas como Aliseda/Anticipa y Hipoges, que mantienen contratos vigentes hasta mediados de 2025 y continúan comercializando los activos asignados.
Con la creación de esta empresa estatal, la estrategia cambia. La intención del Gobierno es centralizar la gestión de estos activos, eliminando la intermediación de comunidades y ayuntamientos. Sepes, la entidad pública encargada, integrará inicialmente 13.000 viviendas habitadas de la Sareb y otras 15.000 que requieren rehabilitación, las cuales tardarán más tiempo en estar disponibles. Para finales de 2027, coincidiendo con la disolución prevista de la Sareb, se espera que el total alcance los 40.000 inmuebles destinados al alquiler asequible.
Además de estas viviendas, la nueva empresa estatal también podría recibir terrenos de alto valor gestionados por la Sareb, como los de la promotora Árqura y otros ligados al proyecto Viena, cuya venta fue suspendida el año pasado. Sin embargo, el traspaso definitivo de estos activos depende de la financiación que Hacienda deberá proporcionar, un aspecto aún por definir.
El patrimonio de esta empresa estatal no se limitará a los activos del banco malo. También gestionará propiedades de instituciones como el Instituto de la Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied), Adif, y la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse). Aunque Patrimonio Nacional y Muface no transferirán la titularidad de sus inmuebles, sí cederán su gestión mediante convenios específicos.
El proceso de incorporación de estos bienes se realizará bajo el marco de la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas. Sepes será responsable de la tasación, regularización registral y ajuste catastral de los inmuebles para incluirlos en su contabilidad, según informó el Ministerio de Vivienda.