La deuda de la Seguridad Social sigue disparada mientras el Gobierno trata de justificar un agujero de 126.170 millones de euros, equivalente al 7,8% del PIB, acumulado tras más de treinta años de impagos. Así lo admite el propio Ejecutivo en una respuesta parlamentaria al Grupo Popular, en la que señala directamente a los sucesivos préstamos estatales como causa del desequilibrio, exculpando el modelo actual y defendiendo las transferencias directas de capital como la vía «más adecuada» para cubrir el gasto creciente de las pensiones.
La respuesta llega después de que el Tribunal de Cuentas alertara de un patrimonio neto negativo de 98.526 millones de euros en el sistema de Seguridad Social al cierre de 2023. Según el informe del órgano fiscalizador, los recursos propios resultaron «insuficientes» para hacer frente a los gastos, provocando serios desequilibrios financieros, presupuestarios y de tesorería.
El histórico de préstamos se remonta a 1992, cuando comenzaron las transferencias crediticias del Estado para cubrir los déficits de la Seguridad Social. Desde entonces, se han acumulado 98.997 millones entre 2017 y 2023, además de 17.168 millones concedidos en los años noventa para cubrir las obligaciones del extinto Insalud. A esa cifra hay que sumar los más de 10.000 millones desembolsados ya en 2024, lo que eleva el montante total a 126.170 millones.
El propio Gobierno reconoce que estos préstamos no se han devuelto en ningún caso. Los que tenían plazo de vencimiento han sido prorrogados sistemáticamente, mientras que los que carecían de fecha de reintegro siguen sin abonarse. A pesar de ello, el Ejecutivo afirma que «es razonable afrontar el saneamiento definitivo de la Seguridad Social», sin concretar en qué términos ni con qué calendario.
Para justificar la acumulación de deuda, el Gobierno asegura que esta financiación vía préstamos pierde su razón de ser, ya que «aumenta el nivel de endeudamiento del sistema», defendiendo que las transferencias de capital —dinero procedente de los impuestos trasladado entre administraciones— son la herramienta «más apropiada», tal como indica el criterio de Eurostat.
Pero estas transferencias no son inocuas. De hecho, representan más del 80% del crecimiento de la deuda pública desde 2010, evidenciando el creciente peso de un sistema cada vez menos contributivo. Todo ello en pleno debate por la intervención del Gobierno en el examen de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), encargada de evaluar el impacto de la última reforma de las pensiones.
A principios de este año, el Ejecutivo intentó que la AIReF contabilizara como ingresos del sistema las transferencias financiadas con impuestos, una maniobra de maquillaje contable que generó fricciones en Bruselas. Finalmente, el Ministerio de Seguridad Social se vio obligado a rectificar y solicitar una nueva evaluación tras las críticas de la Comisión Europea.
Mientras tanto, la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, defiende la solidez del sistema. Esta misma semana, durante su intervención en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, ensalzó el Pacto de Toledo como «uno de los grandes acuerdos políticos de la democracia española» y presentó INTegraSS, una nueva herramienta de simulación para proyectar a largo plazo el gasto en pensiones.
Pese al optimismo del Gobierno, lo cierto es que la denominada «hucha de las pensiones«, que llegó a acumular 67.000 millones antes de ser utilizada durante los gobiernos del PP para pagar las pagas extras de los pensionistas, apenas supera de nuevo los 10.000 millones. Un colchón insuficiente ante el desafío de financiar la jubilación de la generación del baby boom, en un sistema que depende cada vez más de subidas de cotizaciones y desvíos fiscales para sostener su equilibrio precario.
