A partir del 1 de enero de 2026, el Gobierno de Pedro Sánchez tendrá control absoluto sobre la facturación de todas las empresas españolas, desde grandes corporaciones hasta pequeños autónomos. Así lo establece la implantación obligatoria del sistema VeriFactu, una herramienta informática diseñada para fiscalizar al detalle cada movimiento económico de pymes y trabajadores por cuenta propia, bajo el pretexto de luchar contra el fraude fiscal.
El nuevo sistema, recogido en la Ley Antifraude y desarrollado por el Real Decreto 1007/2023, obligará a que cada factura emitida genere un registro inalterable, con código QR incluido, que quedará archivado en los servidores. Pero el control no se limita a las facturas emitidas: Hacienda tendrá acceso incluso a los borradores, proformas y albaranes no enviados. Documentos que, hasta ahora, formaban parte de la gestión interna de los negocios y podían eliminarse sin más, deberán ahora conservarse sin posibilidad de borrado.
Desde la tecnológica TeamSystem advierten a La Razón de que hasta siete millones de pymes y autónomos estarán obligados a adaptar sus sistemas de facturación. No sólo deberán emitir sus facturas a través de programas certificados, sino conservar cada paso previo en el proceso: «Ningún borrador, proforma o albarán podrá borrarse sin dejar rastro». Incluso aquellos documentos que nunca se conviertan en factura final tendrán que guardarse en el sistema.
La normativa no deja margen para la improvisación: cualquier empresa o autónomo que no se haya adaptado a VeriFactu podrá enfrentarse a sanciones de hasta 50.000 euros en los casos más graves y reincidentes. Para los desarrolladores de software que no se ajusten al reglamento, las multas alcanzan los 150.000 euros. Además, queda prohibido el uso de programas de doble uso, es decir, aquellos que permiten manipular facturas o llevar contabilidades paralelas.
A pesar de la magnitud del cambio, el nivel de preparación es alarmantemente bajo. Según un informe de TeamSystem con la consultora Materia Prima, más del 60% de los autónomos españoles sigue facturando a mano, en papel o con Excel. Casi la mitad de los negocios esperará a ver cómo se adaptan otros antes de actuar, y un 38% lo dejará para el último momento. El 50% no muestra ningún interés en contratar un software de facturación, y sólo el 8% de micropymes y autónomos utiliza servicios en la nube, frente al 48% de medianas empresas.
Las consecuencias de esta brecha digital no son menores: errores, duplicidades y tiempo improductivo generan un coste oculto superior a los 3.600 millones de euros anuales. Sin embargo, el Gobierno parece decidido a imponer el nuevo modelo sin contemplaciones, con una trazabilidad absoluta que, lejos de facilitar la gestión a las pequeñas empresas, amenaza con asfixiar aún más a quienes ya lidian con una burocracia creciente, costes disparados y escaso apoyo institucional.
El control total sobre la actividad económica de millones de ciudadanos será progresivo: en enero de 2026 se aplicará a las empresas sujetas al impuesto de Sociedades, y en julio de ese mismo año alcanzará a micropymes y autónomos. Mientras tanto, el sistema ya puede utilizarse de forma voluntaria. Pero las advertencias son claras: quien no se someta al nuevo modelo, pagará caro su desobediencia.
