La reducción de la jornada laboral en España de las 40 horas a las 37,5 horas que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quiere imponer no incluirá ayudas a las empresas, lo que hasta hace unos días mantenía al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, reticente sobre su aprobación. En este sentido, según los cálculos de las patronales y los servicios de estudios, las empresas afrontarán una subida de los costes laborales superior a los 20.000 millones de euros.
Desde la patronal CEOE, han registrado un documento en la Dirección General de Trabajo en contra de esta medida, alegando que la decisión de reducir la jornada por ley es «inconstitucional», en línea con lo que apuntaron abogados laboristas en una presentación organizada por el think tank de la patronal. Por ello, señalan que la medida supondrá un fuerte golpe para las empresas si se trata de una imposición legal al margen de la negociación colectiva.
Las cifras que manejan en CEOE, Cepyme y ATA definen un coste agregado de entre 21.000 y 23.000 millones de euros, en línea con lo estimado por BBVA Research y Fedea el pasado mes de mayo. Además, los servicios de estudios apuntaban a un incremento del coste laboral de las empresas del 1,5% del PIB, lo que equivaldría a unos 22.500 millones de euros, y alertaban de un impacto negativo de seis décimas en el crecimiento anual del PIB del país y de ocho décimas en el empleo.