Los desacuerdos del dictamen para la reconstrucción, en especial el que ha tumbado las medidas sociales, han puesto de manifiesto las dificultades a las que tendrán que enfrentarse el PSOE y Unidas Podemos para sacar adelante los próximos presupuestos en un Congreso tan fragmentado.
Las centenares de propuestas que forman el documento para la reconstrucción social y económica no tendrán contenido social porque una mayoría heterogénea, compuesta por el PP, Vox y Cs, pero también por el PNV, Coalición Canaria, EH Bildu o el BNG, así lo ha decidido este miércoles.
Un total de 175 votos han sumado estos partidos, en tanto que el PSOE y Unidas Podemos han alcanzado 172 gracias al respaldo de última hora de ERC y de Más País, si bien sus portavoces, Gabriel Rufián e Íñigo Errejón, respectivamente, han expresado sus dudas sobre algunas cuestiones de la redacción.
Tres votos, por tanto, han infligido una derrota parlamentaria a los socios del Gobierno, lo que ya desde el martes se anticipaba siempre y cuando Vox terminara votando, como al final ha hecho.
Sanidad, Políticas Sociales y de Cuidados, Políticas en la UE y Reactivación Económica son las áreas en las que se iba a estructurar el dictamen.
El de las Políticas Sociales no aparecerá, y el económico, que en principio fue respaldado por solo un voto de diferencia, tendrá que someterse a una nueva votación en el próximo pleno extraordinario, previsiblemente dentro de una semana si tiene lugar la comparecencia de Pedro Sánchez para explicar las últimas cumbres europeas.
La causa de la repetición se ha descubierto horas después cuando los letrados de la Cámara, al repasar las votaciones, han detectado que una diputada que había pedido votar por vía telemática, lo ha hecho presencialmente.
La parlamentaria es Marisa Saavedra, de Unidas Podemos, pero fuentes de la formación recalcan que no ha sido fallo suyo, sino del grupo, que «se equivocó al solicitar su voto telemático estando ella presente en el hemiciclo».
La incidencia ha conllevado la anulación de su voto y un nuevo recuento, lo que a su vez ha obligado a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, a emitir una resolución.
Como el bloque económico fue aprobado por un voto, se ha producido un empate que habrá que deshacer, como establece el reglamento.
Fuentes de Unidas Podemos añaden que el grupo va a estudiar «la posibilidad de impugnar la anulación del voto porque la diputada llegó a votar presencialmente» y «sólo emitió un voto, no dos».
Más allá de este imprevisto, los textos social y económico son ejemplos de las discrepancias que tienen los grupos con los que habitualmente pacta el Gobierno.
El PNV anunció ayer que no estaría en el pacto social y lo mismo confirmó Cs, disgustado por la manera con la que el PSOE y Unidas Podemos han plasmado una medida sobre la exclusión de la educación concertada de las ayudas de la reconstrucción.
Aunque la dirección socialista intentó atraerlo hasta el último minuto de la negociación (dejaron de conversar una hora antes del final del plazo, a las 16.00 horas del martes), Cs no cambió de opinión.
Con el objetivo de evitar sorpresas, la negociación fue a varias bandas hasta el final. El grupo socialista cerró varias enmiendas transaccionales con ERC sobre la dependencia, la educación o la inversión en proyectos sociales, e igual actuó con Más País en una materia clave para Íñigo Errejón como la conciliación.
Con EH Bildu, además, Unidas Podemos acordó una enmienda para que las pensiones quedaran blindadas, pero no se sumó el PSOE, y los independentistas vascos dijeron adiós. Fuentes del grupo que dirige Pablo Echenique en el Congreso así lo han explicado.
En el documento económico las negociaciones también fueron intensas, hasta el punto de que el grupo socialista pactó varias propuestas con JxCat. Los catalanes al final se han abstenido, y justo esta decisión, más el apoyo que ya había adelantado la formación de Inés Arrimadas, han salvado dicho bloque.
En cambio, las áreas sanitaria y europea han recibido un holgado apoyo, lo que debe mucho a la posición adoptada finalmente por el PP a favor del pacto. Socialistas y populares, tras varios días rozando el acuerdo sobre la UE en la reconstrucción, lo ultimaron el martes.
El documento que sale este miércoles del Congreso es, fundamentalmente, un compendio de peticiones al Gobierno. Son de alcance político, sin rango legislativo.
Este factor, unido al método de trabajo que inició la Comisión parlamentaria para la Reconstrucción, ha sido criticado por varios partidos que no suelen votar en contra de las iniciativas del Gobierno, sino al contrario.
