El Gobierno de Pedro Sánchez ya trabaja en un nuevo sablazo fiscal a los españoles en 2025, más allá de la anunciada subida del impuesto al diésel. La presión de Bruselas por los compromisos firmados a cambio de los fondos europeos obliga al Ejecutivo a reactivar la ofensiva tributaria que ya intentó colar sin éxito en años anteriores.
El varapalo recibido esta semana por la Comisión Europea —que ha recortado en unos 1.000 millones de euros el quinto pago de los fondos por incumplir varios hitos— ha puesto en evidencia el fracaso del Ejecutivo en dos frentes: la subida al diésel y la regularización de los interinos. De los 24.137 millones de euros comprometidos en este desembolso, España sólo recibirá una parte, aunque Bruselas le ofrece la posibilidad de recuperar la cuantía más adelante si ejecuta los «ajustes» pactados.
La subida al diésel, una vieja obsesión
El castigo al diésel es una obsesión de Sánchez desde que llegó a Moncloa en 2018. Su ministra Teresa Ribera ya lanzó entonces la amenaza de que «el diésel tiene los días contados», causando un enorme daño a la industria automovilística. En 2019, el PSOE incluyó el incremento en los Presupuestos, pero el PNV lo forzó a retirarlo. Desde entonces, el Ejecutivo ha intentado sin éxito imponerlo, encontrando el rechazo de sus socios e incluso el rechazo del Congreso cuando intentó colarlo en una caótica comisión en plena DANA a finales de 2024.
A pesar de estos fracasos, el compromiso con Bruselas sigue vigente. El componente 28 del Plan de Recuperación, que Sánchez rubricó para recibir los fondos europeos, recoge expresamente una «adaptación del sistema impositivo a la realidad del siglo XXI», es decir, nuevas subidas fiscales.
Más allá del diésel: una batería de impuestos
El Gobierno no se conforma con castigar a los 13 millones de conductores de diésel en España. Según el plan remitido y actualizado en mayo a Bruselas, Sánchez planea para 2025 la entrada en vigor de una serie de reformas fiscales que, en palabras del propio Ejecutivo, «aumentarán permanentemente los ingresos en al menos 0,3 puntos del PIB».
Las medidas incluyen la eliminación de deducciones y beneficios fiscales en IRPF, Sociedades, IVA e Impuestos Especiales, siguiendo las recomendaciones de la Autoridad Fiscal (AIReF). En la práctica, esto significa subir estos impuestos al eliminar ventajas vigentes.
Otro punto clave será la llamada «armonización fiscal» entre comunidades autónomas, que apunta directamente a regiones como Madrid o Andalucía con subidas del Impuesto de Sucesiones.
El Ejecutivo también se compromete a reforzar la «fiscalidad medioambiental«, la tributación sobre el patrimonio, sobre el capital y la llamada «fiscalidad derivada de la salud«, que ya intentó aplicar el año pasado con una subida del IVA a la sanidad privada y que fracasó.
Además, el plan sigue incluyendo la posibilidad de imponer peajes en las carreteras y aumentar el Impuesto de Circulación, dentro de una reforma de la fiscalidad ligada al uso de vehículos y a la reducción de emisiones.
