El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado dos paquetes de medidas de casi 15.000 millones de euros para los afectados por la catástrofe que han dejado más de 220 muertos en el Levante, principalmente en la Comunidad Valencia. Sin embargo, pese a que las venden como tales, estas medidas no son realmente ayudas directas.
Hasta 5.000 millones de euros son avales del Estado a través del ICO. No es una ayuda como tal, pues el dinero lo dan los bancos cobrando por ello un interés. Otros 5.000 millones más o menos vienen del Consorcio de Compensación de Seguros, quien se financia con aportaciones de las aseguradoras con el fin de asegurar riesgos extraordinarios, como inundaciones o incendios. El Estado no tiene que poner nada. Tampoco las ayudas fiscales son ayudas en sí mismas: son meros aplazamientos de pagos.
En consecuencia, si descontamos los avales del ICO, las ayudas del Consorcio de Compensación de Seguros y los aplazamientos de pagos, los 15.000 millones se quedan en apenas 2.000 millones de euros de ayudas directas. Es decir, unos irrisorios 2.000 euros por cada afectado por la catástrofe del temporal.
Lejos de aliviar la situación, la prioridad del Gobierno parece estar en asfixiar fiscalmente a los españoles de a pie. Cuando se habla de lamborghinis e imposición a los ricos, vemos que la realidad es muy diferente. En este sentido, hace escasos días, el Gobierno anunció una nueva reforma fiscal con subidas de impuestos al diésel, el ahorro, el tabaco y los seguros sanitarios privados, entre otros.
Con las subidas de impuestos anunciadas prevén recaudar al menos 4.500 millones adicionales, más del doble de lo que han destinado en ayudas directas para los afectados. La recaudación tributaria ya es récord: se ha incrementado en 60.000 millones de euros, que viene a ser un crecimiento del 40% desde que Sánchez llegó al poder.
Si los impuestos que pagamos todos los españoles no están yendo a lo realmente importante, ¿a qué se está dedicando todo este dinero? Lo cierto es que hay gasto superfluo más que de sobra para recortar y con el que poder conceder ayudas reales. En específico, sólo en 2023 se han concedido 32.800 millones de euros en subvenciones a grandes beneficiarios. El importe es en realidad muy superior: los beneficiarios de menos de 100.000€ quedan fuera del radar.
En la inmensa mayoría de los casos, estos gastos apenas tienen sentido y no redundan en un mayor bienestar de los españoles. Entre los beneficiarios encontramos organismos extranjeros y empresas que llaman la atención:
- Marruecos: Dirección General de Agua de Marruecos (600.000€), Sociedad Marroquí de Ingeniería Turística (500.000€)…
- Entidades relacionadas con la Agenda 2030: Asociación de Mujeres Caficultoras del Departamento del Cauca (500.000€), Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (2.405.900€), Ministerio de Igualdad de Colombia (2.000.000€), Ministerio de la Mujer de Perú (580.000€)…
- Grandes empresas: Envision AESC (empresa china, 300 millones), Telefónica (170 millones), Iberdrola (102 millones), Banco Santander (10 millones)…
Esto se suman los 6.800 millones que recibieron las empresas públicas, muchas de ellas chiringuitos del Gobierno y nidos de corrupción. Entre ellas:
- 1.930 millones a Red.es, la empresa que concedió 13 millones a Barrabés. No había logrado ningún contrato hasta que le recomendó Begoña Gómez.
- 1.120 millones a RTVE, de los que 28 millones van al programa de Broncano.
- 1.090 millones a CDTI. Su máximo responsable es José Moisés Martín, ex tesorero de UNRWA y presentador del máster de Begoña Gómez.
- 117 millones al Incibe, que ha gastado +25.000€ en “toros mecánicos y pintacaras”.
- 500.000€ al Ineco, donde enchufaron a Jéssica, «amiga especial» del ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos.
En definitiva, no falta dinero, sino que sobran las formas de malgastarlo. Mientras se suben los impuestos a los españoles de a pie, el dinero va a parar a los mismos de siempre y no a quienes realmente lo necesitan.
