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Aquelarre

EDITORIAL
El grupo socialista aplaude en el Congreso a Pedro Sánchez. Fotografía de archivo

Con la aprobación de la proposición de ley para castigar con penas de cárcel a los rescatadores que ofrecen información a las puertas de los centros abortistas, la izquierda continúa su estrategia de tratar a las mujeres como personas débiles e inferiores incapaces de tomar una decisión informada. Porque informada debe ser la decisión de someterse a una intervención traumática como es la liquidación de una vida humana en su vientre y sus potenciales efectos a medio y largo plazo.

Sólo un ejemplo a vuelapluma: estudios rigurosos llevados a cabo por universidades sin sesgo político demuestran que, tras someterse a un aborto, el riesgo de que en futuros embarazos el neonato sea prematuro a las 28 semanas es un 71 por ciento mayor y un 45 por ciento a las 32 semanas, con el peligro que conlleva para la salud del hijo, este sí nacido.

Esta información, como otras muchas que deberían estar en poder de las mujeres que se acerquen a un abortorio en libertad o coaccionadas por su entorno, no es irrelevante. Sólo recibiendo y comprendiendo todos los datos se puede llegar a una decisión autónoma y responsable que incluso en el caso de aquellas que opten por terminar con su embarazo, puede ayudarles a evitar los perniciosos efectos psicológicos descritos por la Medicina y que afectan a un número significativo de mujeres —y de sus parejas— que han recurrido al aborto.

Pero la izquierda, con el concurso ideal del poderoso lobby del negocio del aborto y de otros partidos que tienen como guía moral las encuestas demoscópicas, no sólo desprecia a las mujeres, sino al principio esencial de intervención mínima en el Derecho Penal. La pena de prisión que contempla la proposición de ley para los rescatadores que a la puerta de los abortorios ofrezcan información a las mujeres, e incluso les ayuden en el caso de que esta se hubiera planteado el aborto coaccionada por su pareja o por su entorno, es una aberración jurídica. Bien al contrario, informar debería ser considerado un servicio público benéfico para la sociedad. Mucho más en estos tiempos de invierno demográfico en el que el Defensor del Pueblo (¿qué defensa y de qué pueblo?) pide el reemplazo generacional.

Las penas privativas de libertad son, como sabe cualquier estudiante de segundo de Derecho, la última ratio. Amenazar con la cárcel a una persona (con desprecio añadido del principio de culpabilidad), por acercarse a una gestante con información suficiente sobre el aborto y sobre las alternativas al negocio siempre triste de terminar con un ser humano, es tan absurdo, y tan malvado, que sólo puede ser una ocurrencia parida en un aquelarre.

Como todo el mundo sabe, un aquelarre es una asamblea nocturna de brujas. Y de brujos, que también los hay, como se observa en la imagen.

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