Hace dos años, cuando España todavía no había salido de la pandemia, publicamos un editorial en el que advertimos de que, en el asunto del acogimiento de menores inmigrantes ilegales extranjeros no acompañados (menas), no estaban los tiempos de crisis social y económica para retóricas buenistas y sentimentales izquierdistas. Repetiremos hoy alguno de los puntos esenciales de aquel editorial. El primero, y el más importante, es que esa retórica pagada con el dinero de nuestros impuestos elimina la responsabilidad de las autoridades públicas de los Estados de origen de esos menores, que son, en ausencia constatable de familia, los que tienen la obligación de tutelarlos y cuidarlos, así como educarlos.
Esto es lo que ordena el interés superior del menor y el derecho que le asiste a la preservación de su identidad y de su nacionalidad. En este sentido, las autoridades públicas españolas, al destinar recursos para el acogimiento, la tutela y la educación de menores de naciones africanas en una identidad y una escala de valores que no son las suyas, incumple tanto el espíritu como la letra de los convenios internacionales.
Si en el caso de los inmigrantes ilegales, el sentido común, la razón y la defensa de nuestras fronteras aconsejan su devolución inmediata a los países de los que sean originarios, en el caso de los menores lanzados como futuras anclas a Europa, devolverlos a sus naciones de origen es un imperativo moral.
Pretextar que esos menores estarán mejor acogidos en una sociedad como la española que en la suya, nos instala, además, en un racismo subvencionado con nuestro dinero que no debemos consentir.
El segundo punto esencial a la hora de enfrentarnos a la presencia masiva de menas en territorio español, es el de que generan un quebranto económico a la sociedad a la que fuerzan su acogida. La turbulenta escala de valores de la inmensa mayoría de estos menas magrebíes —marroquíes en su mayoría— y subsaharianos, ocasiona una factura mensual enorme en conceptos como alojamiento, educación, vigilancia policial, actuaciones judiciales y atención médica.
Cuando, además, la sociedad malvive en una crisis económica intensa, que es la realidad de España desde hace más de tres lustros, el uso abusivo del dinero de nuestros impuestos para la inserción, tantas veces ineficaz, de estos menores extranjeros, causa una brecha descomunal entre los españoles golpeados por la crisis y una Administración antipática que acosa a los contribuyentes mientras gasta a manos llenas en el acogimiento de inmigrantes ilegales menores de edad que, repetimos, son responsabilidad de sus naciones; no de la nuestra.
Por desgracia, en estos dos años desde la publicación de aquel editorial, todo ha empeorado. Hoy, las gravosas políticas buenistas y sentimentales en relación a los menas ya no son patrimonio de la izquierda.
Muy a nuestro pesar, constatamos que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quizá fruto de ese alejamiento de la realidad que golpea a los líderes y que les provoca una soberbia desmesurada, es incapaz de empatizar con los cientos de miles de trabajadores residentes en Madrid, la mayoría del depauperado sector privado, además de pequeños empresarios y autónomos golpeados sin clemencia por la crisis que, por lo que se ve, no limita la cantidad de dinero destinada a menas conflictivos.
