La dictadura comunista de Cuba ha impuesto una normativa que impone la censura en Internet: califica las convocatorias a las protestas como «ciberterrorismo«, contempla como contrario a la ley «la difamación de mensajes contra el Estado», y tipifica como delito «la difusión a través de Internet de contenidos que atentan contra los preceptos constitucionales, sociales y económicos del Estado».
La nueva legislación, sumada a la condena arbitraria a cuatro años y catorce días de cárcel al líder opositor José Daniel Ferrer, cuya familia ha denunciado su desaparición desde el inicio del levantamiento popular en la isla el pasado 11 de julio, constituye un paso más en el camino del oprobio de un régimen sin escrúpulos envalentonado por recibir el cobarde amparo de la diplomacia europea, dirigida por el perverso Josep Borrell, y tras el aval de buena parte de la comunidad internacional a la negociación entre el chavismo y la oposición cohabitadora en Venezuela, diálogo que únicamente servirá para perpetuar la tiranía y alejar al pueblo venezolano de la libertad.
El Decreto-Ley 35 busca silenciar a los cubanos al tipificar como delito la mera denuncia de que La Habana es el centro de control y mando del narcotráfico mundial o el cuestionamiento del modelo castrista que eterniza el terror, el hambre, la ruina y el secuestro de las vidas de los cubanos, y pretende desestabilizar las democracias de la Iberosfera.
Sin duda, es otro vergonzante hito de un régimen criminal [erigido sobre una ideología totalitaria] que ya abiertamente reconoce que quiere encarcelar a todo disidente. Y debe contar con la férrea oposición y la condena sin matices colaboracionistas de todo aquel que se diga demócrata.
