La Policía Local y los Mossos retiran publicidad del referéndum ilegal en varios municipios de Cataluña.
La Guardia Civil y los Mossos han retirado en varios municipios catalanes publicidad del referéndum ilegal en que el separatismo prevé celebrar el próximo 1 de octubre obedeciendo así las órdenes de la Fiscalía.
La Benemérita ha intervenido cerca de 100.000 carteles de publicidad en una nave industrial de la empresa Marc Martí, vinculada a un publicista que estuvo imputado en el caso del Palau de la Música, en el barrio barcelonés del Poblenou.
La CUP se ha quejado de las intervenciones a través de las redes sociales y ha denunciado que los agentes han procedido a realizar diversas identificaciones a militantes de la formación en varias localidades. «Los intentos de represión del Estado español se han traducido en algunas identificaciones. No nos intimidan las amenazas», han dicho.
En Moncada y Reixach (Barcelona), un municipio de la comarca del Vallés Occidental, la CUP ha ido más allá y ha amenazado a los agentes. «Dos coches de Policía local han llegado juntos donde sabían que iniciábamos la campaña. Han decidido ser el brazo ejecutor de la fiscalía (…) Actuar así es ser un mercenario (…) En un pueblo nos conocemos todos. No nos detendrán», ha aseverado.
Encara es justificaven dient que compleixen amb la seva obligació però en un poble ens coneixem tots! No ens aturaran.
— CUP MONTCADA REIXAC (@CUP_MiR) 14 de septiembre de 2017
Cabe señalar que la policía ha interrumpido además este jueves en Vitoria un acto de la portavoz de la CUP en el Parlamento catalán, Anna Gabriel, después de que un juez lo considerara ilegal en cumplimiento de la resolución del Tribunal Constitucional sobre el referéndum de independencia de Cataluña.
Gabriel, invitada por la plataforma vasca Ascatasunera, ha iniciado su intervención en el centro cívico Aldabe de la capital alavesa, que depende del Ayuntamiento, momentos después de que el juez decretara la suspensión del acto a instancias de la Delegación del Gobierno en el País Vasco.
La conferencia ha seguido adelante porque los organizadores no habían recibido la notificación judicial, pero unos 40 minutos después agentes de la Policía Local se han personado en el lugar para comunicar la suspensión y han dado un margen de unos diez minutos a los promotores del acto para suspenderlo.
El abandono de la sala se ha producido entre gritos de independencia y los asistentes se han concentrado en una plaza próxima exhibiendo papeletas de la consulta del 1 de octubre.
El juez ha admitido el recurso presentado por la Delegación del Gobierno, que pidió que se adoptase una «medida cautelarísima» para suspender la cesión por parte del Ayuntamiento de Vitoria de dicho local municipal para «un acto de campaña electoral de promoción del referéndum» del 1 de octubre.
El auto recuerda que el Tribunal Constitucional ha ordenado en una resolución «impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir» la suspensión de esa consulta independentista como a su juicio ocurre con la charla la diputada de la CUP.
«Pueden ilegalizar un acto pero no van ilegalizar a todo un pueblo. El 1 de octubre votaremos», ha exclamado Gabriel tras tachar de vergonzosa la suspensión de su conferencia.
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