El principal imputado en el procedimiento más relevante que afecta al Gobierno de Pedro Sánchez adoptó hace meses una estrategia de defensa basada en atacar a la UCO, acusándola de «irregularidades, mala fe y falta de sentido común». Meses antes de que se hicieran públicos los audios publicados por El Confidencial, el exministro José Luis Ábalos ya había arremetido contra la Guardia Civil, presentando numerosos escritos y recursos en los que cuestionaba la forma en que investigaban sus acciones.
Desde el inicio, Ábalos construyó un relato cuyo fin era dejar sin efecto la causa en su contra, comenzando con una denuncia contra la UCO, argumentando que la actuación de sus agentes durante la fase secreta de la investigación vulneraba sus garantías procesales y «los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución». El conflicto empezó cuando la UCO intervino el teléfono de Koldo García y captó una conversación entre ambos, en la que acordaban que el asesor le enviaría documentación entregada por su subsecretario de Transportes.
El hermano de Koldo, Joseba García, fue el encargado de transportar los documentos, pero en el camino fue detenido y registrado por el Grupo de Acción Rápida (GAR) de la Guardia Civil, que confiscó un sobre con la documentación, el cual tenía una inscripción a nombre de José Luis Ábalos Meco y estaba sellado oficialmente por el MITMA. Ábalos denunció la incautación como una «grave vulneración» de su derecho fundamental al secreto de las comunicaciones.
Antes incluso de que el Congreso aprobara su suplicatorio y el Supremo autorizara su imputación formal, Ábalos ya denunciaba ser víctima de una conspiración política diseñada para perjudicar al PSOE. Aseguraba haber sido objeto de «investigaciones extrajudiciales» por parte del capitán de la UCO Juan Vicente Bonilla, ahora jefe de Seguridad del Servicio Madrileño de Salud. En este contexto, denunciaba que la investigación en su contra era «prospectiva» e «irregular», calificándola como una causa general.
Con el avance del procedimiento, los informes de la UCO llevaron a Ábalos a presentar nuevos escritos y contrainformes, rechazando las conclusiones sobre su patrimonio y acusando a la Guardia Civil de llevar a cabo una investigación «con una idea predeterminada de culpabilidad». Asimismo, reprochaba que querían remontarse a hechos de hace más de 30 años y tachaba las conclusiones de «tendenciosas».
