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LA LEY DE IGUALDAD EN GALICIA ES EL ÚLTIMO EJEMPLO

Agenda 2030, subvenciones a los sindicatos e ideología de género: las prioridades del PP cuando gobierna con mayoría absoluta

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo. Europa Press

El Partido Popular mantiene la ideología de la izquierda en las regiones en las que gobierna con mayoría absoluta (sin VOX). En comunidades como Andalucía, Madrid o Galicia ha renovado o ha ampliado las subvenciones a los sindicatos UGT y CCOO, mientras Castilla y León, Murcia o Baleares, donde VOX es su socio de Gobierno o su apoyo es imprescindible, las ha reducido o suprimido.

En Castilla y León, el sindicato CCOO se vio obligado a despedir a empleados por la falta de ayudas. «No se ha terminado el ‘diálogo social’, sino el chantaje social de los sindicatos de clase«, reivindicó el vicepresidente Juan García-Gallardo (VOX) en la red social X el pasado mes de julio, antes de incidir en que se habían «reducido los privilegios» de las entidades sindicales. En Murcia, el Gobierno de coalición (PP y VOX) recortará en 209.968 euros las subvenciones a la patronal CROEM y a los sindicatos UGT y CCOO en virtud del acuerdo de Presupuestos, y en Baleares, el montante de las subvenciones de sindicatos y patronal suprimidas se eleva a 400.000 euros.

En la Comunidad de Madrid, el Gobierno con mayoría absoluta de Isabel Díaz Ayuso presupuestó 600.000 euros para UGT y CCOO (300.000 para cada uno) y 600.000 para la patronal CEIM. Entre otros delirios subvenciona la obra de teatro que lleva por título Altsasu y que intenta justificar las agresiones y ataques violentos que sufrieron dos guardias civiles y sus novias en Alsasua (Navarra). También votó con la izquierda en contra de todas las enmiendas de VOX a la ley trans madrileña (manteniendo la hormonación de menores).

En Andalucía, otra región gobernada con mayoría absoluta por el PP, UGT recibe un total 1.267.500 euros, casi 200.000 euros más que CCOO, cuya partida es de 1.072.500 euros… y se cumple al pie de la letra la Agenda 2030. El Consejo de Gobierno del Ejecutivo regional manifestó a principios del mes de diciembre que actualmente se están ejecutando más de 150 actuaciones en cumplimiento de la agenda globalista.

Además, el PP ha copiado a los separatistas catalanes exigiendo el traspaso integral de la red de Cercanías a Andalucía, una propuesta de Por Andalucía; insiste en alentar el nacionalismo andaluz llamando a celebrar el «Día de la Bandera» —el 4 de diciembre—, defiende el concepto «violencia machista» —basado en leyes que no defienden a las mujeres y que acaban con la igualdad ante la ley y la presunción de inocencia—. En Murcia, por ejemplo, el Gobierno PP-VOX incorporó una partida de 100.000 euros en los Presupuestos para un programa contra «cualquier tipo de violencia en el ámbito del hogar». 

El PP también ha impulsado en Andalucía campañas navideñas pagadas con dinero público «contra la lgtbfobia» y por los juguetes «no sexistas». La consejera de Igualdad, la popular Loles López, explicó que la primera campaña («contra la lgtbfobia») se difundirá durante toda la Navidad (hasta el 7 de enero) en los medios de comunicación y redes sociales por «el incremento de los delitos de odio que se produce en estas fiestas«.

Por otra parte, el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, también del PP, ha destacado siempre el «buen clima» de diálogo social que existe en la región… y entregará seis millones de euros a los sindicatos y a la patronal en 2024.

Su Gobierno, además de imponer el gallego y perseguir el español, ha desarrollado una norma de igualdad que busca «integrar transversalmente» la perspectiva de género «en el diseño y desarrollo de las políticas públicas» del Gobierno regional, y obliga al llamado «lenguaje no sexista» —rechazado por la Real Academia Española (RAE)— en las administraciones públicas y lo promueve en los colegios profesionales y corporaciones de derecho público. La ley también impone la paridad en la administración autonómica y en las universidades públicas, y crea el concepto de «discriminación sexista por error», que abre la puerta a sancionar a quien diga que un hombre no puede quedarse embarazado.

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