La intención de Pedro Sánchez de estudiar la cesión de competencias cruciales como el de la gestión de la Seguridad Social está levantando ampollas en la oposición, pero también en regiones que gobierna su partido.
Y es que el precio a pagar al PNV por el apoyo en la moción de censura contra Rajoy se antoja muy alto. La cesión de la competencia en Seguridad Social quebraría de facto el último resquicio del principio de igualdad de todos los españoles, y despojaría al Estado de los mecanismos y herramientas para garantizarlo.
El primero en pronunciarse al respecto ha sido el Gobierno andaluz, que ha indicado que no comparte la reclamación del lehendakari, Iñigo Urkullu, de la transferencia de la gestión de la Seguridad Social, que además considera que «ni siquiera es constitucional».
«No compartimos esa petición porque hay que ser conscientes de lo que significa la Seguridad Social, que es una garantía de igualdad entre los españoles», ha dicho el consejero andaluz de Economía y Hacienda, Antonio Ramírez de Arellano, en declaraciones a los periodistas en Sevilla.
Ha recordado, además, que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en numerosas ocasiones «respecto a que la unidad de caja y la competencia de la gestión por el Estado forma parte de un principio constitucional básico».
«Entendemos que no procede esa propuesta, que no debe ser atendida», ha insistido el consejero, que ha hecho hincapié en la necesidad de preservar «la igualdad entre los españoles».
Al mismo tiempo, ha indicado que la principal cuestión, lo «urgente» a día de hoy, es solucionar la situación de «casi quiebra» en la que el Gobierno del PP dejó la caja de la Seguridad Social, un asunto que cree que debe abordarse en el ámbito del Pacto de Toledo.
Preguntado, por otra parte, sobre la reforma del nuevo modelo de financiación autonómica, ha dicho que una vez que concluya el trámite de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) por el Congreso, la «principal prioridad» del Gobierno de España tiene que ser la financiación autonómica.
Rivera, muy duro contra Sánchez
El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ve «gravísimo» que Sánchez pueda «poner en jaque» las pensiones de todos los españoles por un acuerdo con el PNV en pago al apoyo que los nacionalistas vascos le prestaron para sacar adelante su moción de censura.
«Ni siquiera los socialistas vascos se atrevieron a hacerlo», ha subrayado Rivera durante su intervención en abierto ante su grupo parlamentario al referirse al acuerdo alcanzado este lunes entre Sánchez y el lehendakari, Íñigo Urkullu, para el traspaso de las competencias pendientes y el acercamiento de presos de ETA.
Ciudadanos se opondrá rotundamente a cualquier «concesión» a los nacionalistas y especialmente a todo lo relacionado con los derechos laborales y el derecho a la pensión, «que es sagrado», ha advertido Rivera sobre esas transferencias pendientes, entre ellas la gestión de la Seguridad Social, Prisiones e Inspección de Trabajo.
La «debilidad» del Gobierno de Sánchez, ha recalcado, no puede conllevar más privilegios para los que quieren romper España ni poner en riesgo todo lo construido a lo largo de estos cuarenta años.
El Ejecutivo de Sánchez, ha recalcado el líder de Cs, tiene como principal objetivo mantenerse en el poder, aunque haya que «fragmentar y liquidar» todos esos principios de igualdad, solidaridad y unión de los españoles.
Al nacionalismo y a los populismos no se les copia, se les «vence», ha afirmado Rivera, que también ha arremetido contra los «privilegios penitenciarios» que, según él, estarían consiguiendo los aliados de Sánchez.
Su partido, ha asegurado, va a exigir un sistema penitenciario igual para todos, que trate de la misma manera a todos los presos independientemente del delito que hayan cometido y que en los despachos «no se apañen» sistemas paralelos o privilegiados «para aquellos que tengan buena relación con Sánchez».
