Andorra ha dicho basta a la entrada de inmigrantes ilegales al país y a la reagrupación familiar de quienes no puedan demostrar ingresos suficientes. El Ejecutivo del pequeño Estado pirenaico ha endurecido sus requisitos: ahora se exigirá al solicitante acreditar al menos el doble del salario mínimo —actualmente fijado en 1.147 euros mensuales— para poder traer a sus parientes.
El propio jefe del Gobierno, Xavier Espot, advirtió en la Radio Nacional de Andorra que la situación es «insostenible» y que el Principado está «colapsando» debido al rápido crecimiento poblacional, que roza ya los 100.000 habitantes. «Las carreteras están saturadas, la sanidad se encuentra al borde del colapso con listas de espera cada vez más largas, y el sistema educativo sufre una presión enorme», señaló.
La nueva normativa endurece especialmente la reagrupación de temporeros sin residencia permanente, quienes ya no podrán traer a sus familiares como sucedía hasta ahora. Espot fue contundente: «No tiene sentido que alguien pueda reagrupar a sus hijos, su pareja o sus padres y que al día siguiente estén solicitando ayudas sociales. Si quieres traer a tu familia, tienes que demostrar que puedes mantenerla».
El esquema económico fijado es claro: para reagrupar a otro adulto, se deberán justificar 2.894 euros mensuales; si se trata de un menor, habrá que añadir un 70% adicional del salario mínimo. Esto implica que, por ejemplo, un trabajador que desee residir en Andorra junto con su pareja y un hijo deberá acreditar 3.906 euros de ingresos mensuales.
El dirigente andorrano defendió que estas condiciones son necesarias para evitar que el sistema público se vea desbordado, recordando que en los últimos años el país ha tenido que realizar un esfuerzo extraordinario para garantizar servicios básicos a menores y residentes en situación irregular.
La política migratoria de Andorra sigue así la línea de Francia y Portugal, que ya aplican fuertes restricciones a la entrada de extranjeros y a la reagrupación familiar. Francia ha llegado a desplegar a la Policía Nacional en la frontera con España para controlar trenes procedentes de Barcelona y devolver en el acto a los inmigrantes en situación irregular. Portugal, por su parte, aprobó en julio de 2025 una reforma de la Ley de Extranjería que limita la reagrupación y crea una unidad especial de fronteras en su policía.
