«Ser es defenderse», Ramiro de Maeztu
afirmó que más de 300.000 personas ya tienen pasaporte y que cerca de 600.000 tienen reconocida la nacionalidad

Ángel Víctor Torres admite que hasta 500.000 nuevos nacionalizados podrán votar en las generales de 2027

Pedro Sánchez y Ángel Víctor Torres. Europa Press.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha asegurado que en 2027, año electoral, podrían votar en las elecciones generales hasta 500.000 nuevos nacionalizados gracias a la conocida como ley de nietos, impulsada por el Gobierno dentro del marco de la memoria democrática.

La cifra ha reavivado las críticas de la oposición, que acusa al Ejecutivo de Pedro Sánchez de utilizar la nacionalidad como una herramienta de ingeniería electoral, especialmente entre descendientes de españoles residentes en el extranjero.

En una entrevista concedida a El País, Torres afirmó que más de 300.000 personas ya tienen pasaporte y que cerca de 600.000 tienen reconocida la nacionalidad. Según sus cálculos, para el verano de 2027 podría haber medio millón de nuevos ciudadanos con derecho a voto en las próximas generales.

Torres rechazó que el Ejecutivo haya acelerado la aplicación de la ley y defendió que el Gobierno no ha hecho «nada que no se hubiera hecho en el pasado». La polémica se produce porque los beneficiarios de la ley deberán adscribirse a la provincia de origen de sus antepasados españoles, lo que puede tener impacto en el censo electoral de distintas circunscripciones.

Torres reconoció que no conoce todavía en qué provincias se están produciendo más adscripciones, aunque sí señaló que Argentina concentra casi el 50% de las solicitudes.

La ley de nietos vuelve al centro del debate

La llamada ley de nietos permite acceder a la nacionalidad española a descendientes de españoles exiliados o emigrados en distintos supuestos contemplados por la legislación de memoria democrática.

El debate político se ha intensificado por el volumen de expedientes, el calendario electoral y el impacto que cientos de miles de nuevos votantes podrían tener en unas elecciones generales previsiblemente muy ajustadas.

El Gobierno presenta la medida como una reparación histórica. Sus críticos, en cambio, advierten de que el Ejecutivo está ampliando el censo con criterios políticos y en vísperas de un ciclo electoral decisivo.

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