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Este artículo se publicó en La Gaceta antes de convertirse en La Gaceta de la Iberosfera, no siendo entonces propiedad de Fundación Disenso.

Los tres imputados en una de las tramas del PSOE valenciano, ante el juez

Los tres están investigados por los delitos de prevaricación y malversación por las irregularidades que la Intervención General del Estado encontró en la «práctica totalidad» de expedientes de contratación.


El juez de Instrucción número 24 de Madrid interroga a tres miembros de la Mesa de Contratación que adjudicó un contrato de publicidad del Plan Vivienda 2009-2010 -del ministerio dirigido entonces por Beatriz Corredor- que podría haber servido para la financiación irregular del PSPV y del Bloc.
Se trata de Rosario G.V. y Sandra S.F, respectivamente presidenta y secretaria de la Mesa, y José María A.G., el interventor y vocal de la Mesa, que presumiblemente autorizó el pago de 126.208 euros a la empresa de comunicación Crespo Gomar, que resultó adjudicataria del concurso de publicidad.
Los tres están investigados por los delitos de prevaricación y malversación por las irregularidades que la Intervención General del Estado encontró en la «práctica totalidad» de expedientes de contratación que analizó en un informe a encargo de la anterior instructora, la titular del juzgado número 21 de Valencia.
Dichos expedientes tenían relación con contratos adjudicados a Crespo Gomar -beneficiaria de todas las adjudicaciones presuntamente fraudulentas- desde el Ayuntamiento de Benidorm en 2010, el Ministerio de Vivienda en 2009 o el de Medio Ambiente en 2007, en todos los casos desde Administraciones gestionadas por el PSOE.
La jueza de Valencia sospecha que Crespo Gomar facturó unos servicios al PSPV y a Bloc durante la campaña electoral del 2007 «de cuyo pago se habrían hecho cargo otras empresas y no los destinatarios de los servicios mediante la confección de facturas falsas, coincidentes con en sus cuantías» con las presentadas por dicha mercantil.
Además del contrato del Ministerio de Vivienda, se investigan otros adjudicados a empresas del mismo grupo de comunicación desde los citados consistorios de Gandía y Benidorm bajo gobiernos socialistas, y otros firmados con los ministerios de Sanidad -en la época en la que estuvo dirigido por Bernat Soria- y Medio Ambiente -Cristina Narbona-, a través de las empresas públicas Acuamed y Aguas del Júcar.
Precisamente por considerar que los hechos habían ocurrido en Madrid, Gandía y Benidorm, la jueza de Valencia se declaró no competente para proseguir la investigación y se inhibió a favor de los juzgados de dichas ciudades.
La jueza consideró que «indiciariamente» podría tratarse de un caso de financiación irregular del PSPV-PSOE y Bloc-Compromís, además de hechos constitutivos de falsedad documental con carácter continuado, prevaricación y/o malversación.
Paralelamente, en otro juzgado de Madrid, el de instrucción número 43, el juez investiga a Etelvina Andreu y Consuelo Sánchez Naranjo, dos ex altos cargos del Ministerio de Sanidad durante la etapa de gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero por otro contrato de publicidad de 2008 que también pudo servir para financiar al PSPV y al Bloc. Ambas están citadas el 21 de mayo.

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