En pleno juicio oral contra los altos cargos de la Junta de Andalucía por el fraude de los ERE, la instructora Núñez Bolaños sigue recibiendo tirones de oreja de sus superiores en las otras piezas separadas.
La Audiencia Provincial de Sevilla ha revocado los archivos decretados por la juez María Núñez Bolaños sobre tres exdirectivos de un hotel propiedad de la familia Ruiz-Mateos, y de dos ‘intrusos’ que cobraron ayudas de la Junta en prejubilaciones de empresas en las que no habían trabajado nunca.
La sustituta de Alaya había argumentado su archivo alegando que durante la instrucción de su predecesora se imputó a personas que ‘’lejos de poder ser consideradas delincuentes, podrían ser consideradas ‘víctimas’’. La nueva estrategia de Bolaños consiste en considerar a los beneficiarios de esas ayudas como ‘’víctimas’’ y no como responsables de presuntas conductas fraudulentas.
Ahora, la Audiencia provincial sostiene que existen indicios de que esos dos ‘intrusos’ -José Antonio Cuevas Álvarez y Claudio Andrés Sendino- podrían haber incurrido en un delito de estafa contra la Junta, echando por tierra la estrategia de Bolaños.
Mientras el primero fue beneficiaro de una ayuda total de 221.573 euros y existen indicios de que no desempeñó ninguna función en la empresa que lo prejubiló, el segundo directamente no figuraba en la plantilla, tal y como publica ABC.
La Audiencia recuerda a Bolaños que se ‘’olvida’’ en su archivo de lo más sangrante sobre el ERE del Hotel Cervantes (propiedad de los Ruíz-Mateos): ‘’la ilegal tramitación y concesión de ayudas públicas para el abono a los trabajadores del dinero apalabrado en un expediente de regulación de empleo que es un acuerdo de naturaleza privada para negociar un despido colectivo’’.
También revoca el archivo de la causa contra otros tres excargos del Hotel Cervantes porque, según la Audiencia provincial, ‘’los tan citados trabajadores intrusos cobraran espuriamente dinero público sin estar justificada su inclusión en la plantilla de la empresa subvencionada’’. Se trata del exdirector Miguel Rodríguez Ortega, el administrador Carlos Miranda y el director financiero Antonio Isla Barba. Por ello, la sección séptima exige a la juez Bolaños que prosiga con la investigación.
El juicio oral, hasta noviembre
Mientras tanto, el juicio de la pieza política de los ERE contra 22 ex altos cargos de la Junta se prolongará al menos durante el mes de noviembre, según la consulta realizada por el juez Juan Antonio Calle con los abogados de las partes sobre sus previsiones para exponer sus informes finales.
El tribunal ha fijado un calendario provisional hasta el 31 de octubre para los interrogatorios a los 22 acusados -aún quedan por declarar los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y el ex secretario de Empleo Juan Francisco Sánchez-, los casi 150 testigos pedidos y una docena de peritos.
Hasta ahora, el interrogatorio más largo ha sido el del exconsejero de Empleo Antonio Fernández que ya ha respondido a las preguntas de la Fiscalía durante tres sesiones (lunes y martes de Semana Santa y hoy lunes) y aún seguirá mañana, igualando las cuatro jornadas que estuvo respondiendo a la primera instructora del caso Mercedes Alaya en abril del 2012 que lo envió a prisión, donde permaneció hasta que en agosto logró reunir los 450.000 euros de fianza.
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