La Dirección General de la Policía Nacional ha ordenado una reducción drástica de las unidades de intervención policial (UIP) que prestan servicio en Ceuta y Melilla. Hasta ahora, cada turno contaba con 50 agentes desplazados, pero en las próximas semanas serán únicamente 15, lo que supone un recorte del 70 %.
El Ministerio del Interior intenta justificarlo como una decisión «operativa», pero los sindicatos alertan de que las consecuencias pueden ser graves tanto para los policías como para los ciudadanos de las ciudades autónomas. «Mientras no pase nada, no habrá problema. Pero el día en que haya un salto a la valla o un conflicto en los barrios más conflictivos, los que estén allí estarán bajo mínimos», advierte a El Debate Hugo del Prado, delegado de Jupol en la UIP.
Desde la Confederación Española de Policía (CEP) recuerdan que la UIP es la que permite al resto de unidades trabajar con seguridad. Son los agentes que, por ejemplo, cierran calles cuando se detiene a un presunto yihadista o protegen a la Policía Judicial en operaciones antidroga en lugares como el barrio de El Príncipe, considerado el más peligroso de España. «Un coche solo no entra en El Príncipe», advierten.
La reducción también afecta a la vigilancia de frontera. Las UIP son las encargadas de contener avalanchas de ilegales en los pasos de Ceuta y Melilla. «Y no olvidemos que por esos pasos también se introducen yihadistas o narcotraficantes, que con menos personal en la frontera pueden entrar con más facilidad», señalan desde la CEP. Además, los antidisturbios tienen competencias en el control de manifestaciones, como la registrada hace dos años en Melilla que terminó con el asedio a la sinagoga de la ciudad.
Los sindicatos insisten en que el motivo real no es «operativo», sino económico. «No hay un euro en las cajas pagadoras de las comisarías, ese es el único motivo de esta decisión», denuncia la CEP. Todos los antidisturbios que refuerzan Ceuta y Melilla proceden de otras ciudades donde existen UIP permanentes —Madrid, Barcelona, Sevilla, Pamplona, Logroño— y deben desplazarse en comisión de servicio.
El problema es que estos agentes tienen que adelantar de su propio bolsillo el 20 % de los gastos de manutención y estancia. Y muchos de ellos siguen esperando el reembolso meses después. «Todavía hay policías que dieron protección al Camino de Santiago en julio y no han recuperado ese 20 % que adelantaron», recuerdan.
La decisión de Interior, por tanto, no sólo deja desprotegida la frontera sur, sino que además se produce en un contexto en el que los propios agentes pagan de su bolsillo parte del servicio.
