El número de condenados que se han visto beneficiados por el nuevo marco de penas que recoge la ley del «sólo sí es sí» asciende al menos a 47, entre revisiones de condena a la baja (43) y sentencias posteriores en aplicación de la norma (4). Un total de 12 individuos han sido excarcelados.
La última rebaja ha sido dictada por la Audiencia de Badajoz, que ha rebajado la pena de prisión de un condenado por abuso sexual de 11 años a 10 años y 6 meses en aplicación de la nueva norma.
Esta se suma a otras dos anunciadas esta misma semana en Vizcaya, donde la Audiencia Provincial ha rebajado dos condenas. En un caso ha reducido una condena de 4 años y 6 meses a 3 años; y en otro ha rebajado de 6 a 4 años una pena de prisión por dos delitos de agresión sexual.
Asimismo, se ha dado a conocer un caso en Pontevedra. La Audiencia ha acordado dejar en libertad a un condenado por agresión sexual que había cumplido 11 de los 12 años de prisión que se le impuso, porque -en aplicación de la nueva ley- debía haber sido condenado a 7 años. Además, la Audiencia de Alicante ha rebajado en dos años la pena impuesta a un condenado por un delito de agresión sexual y ha acordado su inmediata excarcelación.
Estas rebajas se suman a otras dos que ha dictado esta misma semana el Tribunal Supremo, que ha condenado a 9 años de cárcel -y no a 10- a dos exjugadores del «caso Arandina» al aplicar la ley impulsada por la ministra Irene Montero.
VOX recurre la ley ante el TC
VOX recurrió este viernes ante el Tribunal Constitucional (TC) la Ley del «sólo sí es sí» por «vulnerar todos los principios básicos del ordenamiento jurídico y de la Constitución».
El vicepresidente de la formación, Javier Ortega, la vicepresidenta jurídica, Marta Castro y la portavoz de Igualdad en el Congreso, Carla Toscano, fueron los encargados de registrar este recurso.
Castro ha calificado la norma del «sólo sí es sí» como una «aberración jurídica» y ha explicado que vulnera la seguridad jurídica, el principio de legalidad o el de presunción de inocencia. «Cuando VOX gobierne y tenga capacidad de decisión derogará esta norma y reforzará el Código Penal», ha señalado Javier Ortega.
