La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado la declaración del cocido madrileño como Bien de Interés Cultural (BIC), una figura destinada a proteger y preservar manifestaciones relevantes del patrimonio regional. La medida reconoce de forma oficial el valor histórico y social de uno de los platos más representativos de la gastronomía madrileña. Sin embargo, mientras se avanza en esta protección, el conjunto monumental del Valle de los Caídos continúa sin contar con esa misma declaración por parte del Ejecutivo autonómico.
La figura de Bien de Interés Cultural supone el máximo grado de protección patrimonial en el ámbito regional y obliga a preservar, documentar y evitar alteraciones sustanciales del bien declarado.
El Gobierno de Ayuso ha rechazado incoar el procedimiento para declarar BIC el Valle de los Caídos, alegando que está adscrito al Estado y gestionado por Patrimonio Nacional. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid llegó a exigir a la Comunidad que motivara de forma adecuada su negativa a tramitar dicha declaración, tras los recursos presentados por asociaciones que reclaman la protección cultural del enclave. Lejos de iniciar el expediente, el Ejecutivo autonómico optó por reiterar su argumento competencial, sin activar ningún mecanismo alternativo de protección ni explorar fórmulas jurídicas que reforzaran la tutela patrimonial del conjunto.
No ha habido incoación formal del expediente, no se ha impulsado una declaración parcial sobre elementos arquitectónicos concretos, ni se ha articulado una estrategia propia desde la Comunidad para blindar el monumento frente a futuras intervenciones. La posición oficial se ha limitado a sostener que la titularidad estatal impide actuar, mientras el Gobierno central avanza en su resignificación y profanación del recinto.
El Valle constituye un conjunto arquitectónico de dimensiones únicas en España, con una basílica excavada en la roca y una cruz de 150 metros visible a kilómetros de distancia. Sin la declaración autonómica de BIC, el margen de actuación del Gobierno regional es limitado frente a decisiones adoptadas desde La Moncloa.
