La fundación católica Abogados Cristianos ha lanzado a través de su web una recogida de firmas para frenar la profanación del Valle de los Caídos que en pocos días ha superado las 31.748 firmas. La iniciativa se ha dirigido a la Comunidad de Madrid con el objetivo de que el monumento sea declarado Bien de Interés Cultural (BIC) y se impida así su desacralización.
La campaña, encabezada por la presidenta de la fundación, Polonia Castellanos, denuncia la actuación del Gobierno central en el Valle de los Caídos, al que acusan de querer convertirlo en un «centro de propaganda ideológica» mediante la aplicación de la Ley de Memoria Democrática. Para Abogados Cristianos, la llamada «resignificación» impulsada por el Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez supondría la pérdida definitiva de la identidad religiosa y simbólica del complejo monumental.
Uno de los puntos que ha despertado mayor rechazo entre los promotores de la campaña es la salida del prior Santiago Cantera, que hasta ahora se había opuesto a las actuaciones del Gobierno en el recinto. Desde la fundación interpretan su cese como una «expulsión forzada» que simboliza el inicio de una ofensiva contra el carácter católico del monumento. «Él siempre defendió el Valle. Lo han apartado como si fuera un criminal de guerra», denuncian desde la organización.
El manifiesto que acompaña la recogida de firmas alerta sobre un posible efecto dominó si el Gobierno logra intervenir el Valle sin oposición: “Si Sánchez se atreve con la cruz más grande del mundo, ¿qué le impedirá actuar contra el resto de nuestros templos o símbolos cristianos?”, advierte el texto, que acusa al Ejecutivo de ser «abiertamente hostil con la fe católica».
Asimismo, Abogados Cristianos critica que la Comisión Interministerial encargada de la resignificación esté compuesta exclusivamente por miembros del Gobierno de Sánchez, lo que, a su juicio, invalida cualquier promesa de neutralidad. «Es un asalto disfrazado de gestión patrimonial», afirman.
Las firmas, entregadas recientemente en la sede de la Comunidad de Madrid, van acompañadas de una petición expresa a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, para que actúe en defensa del Valle. Desde la fundación consideran que el reconocimiento del conjunto monumental como BIC supondría un freno legal frente a los planes de transformación del Ejecutivo central.
