«Ser es defenderse», Ramiro de Maeztu
Dicha entidad fue creada en 1957 mediante un Decreto-Ley

El Gobierno de Sánchez reconoce que el legítimo propietario del Valle de los Caídos es la Fundación de la Santa Cruz

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Europa Press

El pliego de condiciones que el Ministerio de Vivienda hizo público el pasado lunes reconoce un aspecto clave que suele pasar desapercibido en el debate sobre el Valle de los Caídos: a día de hoy, el Estado todavía no es el propietario legal de este conjunto monumental situado en la sierra madrileña.

Este documento, elaborado en el contexto del concurso para la denominada «resignificación» del lugar, recoge en su sección cuarta –bajo el epígrafe «Antecedentes normativos y titularidad»– que la titularidad del complejo sigue recayendo en la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Dicha entidad fue creada en 1957 mediante un Decreto-Ley con el fin de gestionar y preservar el monumento, un rol que se ha mantenido intacto hasta el momento.

Aunque la reciente Ley de Memoria Democrática contempla la disolución de esta fundación al considerar que sus objetivos son incompatibles con los principios constitucionales, el proceso de liquidación no puede completarse hasta que no se apruebe un real decreto que defina el nuevo régimen jurídico del enclave. En consecuencia, la fundación sigue siendo jurídicamente la responsable del monumento.

Mientras ese real decreto no entre en vigor, la Ley establece una medida transitoria: el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional asume provisionalmente las funciones de representación y gestión. Esta entidad estatal se encargará de tareas como el mantenimiento del recinto, la elaboración de inventarios y la preparación del proceso de disolución de la fundación actual, con una supervisión integral de los recursos económicos vinculados al Valle de los Caídos.

La fundación original está compuesta por dos pilares fundamentales: el Estado, a través de Patrimonio Nacional, y la comunidad de monjes benedictinos que habita el recinto desde 1958. Esta comunidad religiosa, que durante décadas ha custodiado el lugar, podría intentar impugnar legalmente el decreto cuando se apruebe, argumentando que se ha roto unilateralmente el acuerdo que los vinculaba al Estado. Si no actúa, quedaría sin capacidad de influencia en un espacio que ha sido su hogar espiritual y operativo durante más de seis décadas.

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