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Este artículo se publicó en La Gaceta antes de convertirse en La Gaceta de la Iberosfera, no siendo entonces propiedad de Fundación Disenso.

De los barrenderos a los enterradores: la imposición del catalán en Palma

El PP de Palma asegura que el equipo de Gobierno «prioriza la ideología por encima del mejor servicio a los ciudadanos».


Sigue la imposición del catalán en Palma. Tras los barrenderos de la empresa municipal Emaya y los hamaqueros de las playas, ahora son los enterradores los que deberán certificar el dominio oral y escrito del catalán para poder trabajar en la Empresa Funeraria Municipal de Palma (EFM).
Según publica El Mundo, la decisión se ha llevado a cabo en el consejo de administración de la empresa y con ella se exige nivel A de catalán a todos los enterradores de la EFM y el nivel C a los de los aspirantes a administrativos. La iniciativa está avalada por la presidenta de la empresa, la edil de Podemos Antonia Martin.
Desde el PP han asegurado que esta nueva imposición demuestra que el alcalde nacionalista, Antoni Noguera (Mes), que llegó a la alcaldía hace un año bajo un pacto entre el PSOE y Podemos -en los dos primeros años de la legislatura el regidor fue el socialista José Hila- «prioriza la ideología por encima del mejor servicio a los ciudadanos» y ha manifestado que «después de unas cláusulas lingüísticas que llegan al absurdo» -como exigir que una empresa privada deba hacer sus comunicaciones internas en catalán para poner contratar con el Ayuntamiento- ahora se encuentran con que en el último momento, sin previa negociación con sindicatos e incumpliendo el propio reglamento, se cambian las bases de un bolsín de trabajo de operarios y administrativos de funeraria para exigirles un mayor nivel de catalán».
Asimismo, ha señalado que desde la formación exigen que se convoque un consejo administración extraordinario en el que se retiren estos puntos y «se deje a un lado el sectarismo y el partidismo».
El Ayuntamiento Baleares sigue la línea marcada por el Gobierno autonómico y que el pasado mes de marzo el decreto para imponer el catalán en la Sanidad, una medida que obliga a conocer la lengua cooficial para optar a traslados y a complementos de carrera profesional. Conmina además a los médicos y enfermeros a tener la titulación de catalán B1 -elemental- y a los auxiliares de enfermería y celadores el nivel A2 -básico-. En caso de que no lo tengan de inicio se les da un plazo de dos años para obtenerlo una vez aprueben las oposiciones. Además, los trabajadores de la sanidad pública no pueden promocionarse profesionalmente si no se acredita el nivel de catalán de la plaza deseada.
Este decreto, «que nada tiene que ver con una mejor atención a los pacientes, sino con la necesidad de Francina Armengol de arrodillarse ante MES para mantener su mandato», según el PP, ya tiene consecuencias para los ciudadanos baleares.

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