La defensa de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado al juez Juan Carlos Peinado la suspensión de la causa en la que se la investiga hasta que la Audiencia Provincial de Madrid resuelva los recursos presentados contra la decisión de reencauzar el procedimiento hacia un eventual juicio con jurado popular.
Según el escrito presentado por su defensa, al que ha tenido acceso Europa Press, Gómez reclama al instructor «acordar la suspensión del procedimiento ante el tribunal del jurado, con paralización de todos los plazos procesales actualmente en curso hasta tanto la Audiencia Provincial de Madrid resuelva los recursos interpuestos».
La petición llega después de que el juez Peinado volviera a impulsar la vía del jurado popular pese al revés recibido en febrero por parte de la Audiencia Provincial de Madrid. Entonces, el tribunal estimó un recurso de la defensa de Gómez y frenó la decisión del magistrado al considerar que no existían «indicios racionales de criminalidad» suficientes para justificar ese paso procesal.
Sin embargo, un mes después, Peinado dictó un nuevo auto en el que sostuvo que «se ha podido comprobar la concurrencia de indicios de los elementos de los delitos que son competencia del tribunal del jurado«, insistiendo así en mantener abierta esa posibilidad si la causa termina sentándose en el banquillo.
El procedimiento se encuentra en una fase especialmente delicada para la esposa del presidente del Gobierno. El pasado mes de abril, el instructor planteó juzgar a Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida. Junto a ella también figuran en la causa su asesora en el Palacio de la Moncloa, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés.
La investigación dirigida por Peinado abarca varias líneas. Entre ellas, el presunto tráfico de influencias en favor de Barrabés; la gestión de la cátedra y de los dos másteres que codirigía Gómez en la Universidad Complutense de Madrid; la supuesta apropiación indebida del software vinculado a esa cátedra; y el nombramiento de Cristina Álvarez como asesora de Gómez en Moncloa.
La nueva ofensiva procesal de la defensa de Gómez busca ahora frenar el avance del procedimiento mientras la Audiencia Provincial decide si el juez puede seguir orientando la causa hacia un tribunal del jurado, uno de los principales puntos de choque jurídicos dentro de una investigación que mantiene bajo presión al entorno más cercano del presidente del Gobierno.
