El Juzgado de Primera Instancia número 2 de Pamplona ha desestimado la demanda presentada por el alcalde de la ciudad, Joseba Asirón, contra VOX Navarra, en la que solicitaba una indemnización de 30.000 euros por un mensaje en redes sociales que lo calificaba como «alcalde terrorista». La jueza encargada del caso ha concluido que esa expresión se enmarca dentro del derecho a la libertad de expresión y forma parte del debate político legítimo.
La resolución judicial subraya que las palabras empleadas por VOX deben entenderse como una manifestación crítica dentro del enfrentamiento ideológico entre dos formaciones opuestas: EH Bildu, a la que pertenece Asirón —que firmó un documento a favor de ETA—, y VOX, de orientación soberanista española. En este contexto, se valoró que los términos utilizados en el tuit eran parte de un discurso político duro, pero amparado por la legalidad democrática.
La titular del juzgado pone el acento en el contexto social y político en el que se produjo el mensaje, en el marco de la polémica surgida por un cartel de las fiestas pequeñas de Pamplona que incluía símbolos relacionados con los presos de ETA. Fue a raíz de este cartel que VOX lanzó el tuit que dio origen a la controversia judicial. Según la magistrada, esta situación tiene un «interés público innegable» y es susceptible de suscitar reacciones políticas intensas.
En su valoración, la jueza también comparte el criterio del Ministerio Fiscal, que defendió que la crítica de VOX tenía una dimensión política relevante, al aludir a los vínculos pasados de algunos miembros de EH Bildu con la extinta banda terrorista ETA, actualmente sin actividad. La Fiscalía alegó que el mensaje, aunque provocador, respondía a un contexto legítimo de confrontación ideológica.
Por otro lado, el fallo resta importancia al alcance del mensaje, apuntando que, en el momento en que se interpuso la demanda, el tuit apenas había alcanzado unas 2.000 visualizaciones. A juicio del tribunal, esto demuestra que su repercusión pública fue limitada y que no llegó a incidir de manera sustancial en la vida personal o privada del alcalde pamplonés.
