Bruselas ha anunciado que retirará el acceso a las ayudas europeas a la Federación de Asociaciones de Familias Católicas en Europa (FAFCE) al mismo tiempo que destina más de dos millones de euros de fondos comunitarios a un proyecto centrado en la promoción de las llamadas «Resistencias queer feministas interseccionales» frente a las políticas consideradas «anti-género» a escala internacional.
La decisión ha generado una fuerte controversia política y social, al producirse de manera simultánea la exclusión de una organización que defiende el modelo de familia tradicional y la financiación íntegra, con dinero público europeo, de una iniciativa ideológica encuadrada dentro del programa Horizon Europe. El proyecto en cuestión, denominado RESIST, cuenta con una dotación total de 2,37 millones de euros, financiados al cien por cien por la Unión Europea, y se desarrollará entre octubre de 2022 y septiembre de 2026.
Según la información oficial del programa, la iniciativa se enmarca en el eje de «cultura, creatividad y sociedad inclusiva» y tiene como objetivo articular redes académicas y activistas para hacer frente a movimientos y gobiernos críticos con las políticas de género promovidas desde Bruselas. El proyecto fue aprobado durante el actual mandato de la Comisión Europea y cuenta con el respaldo institucional de los servicios comunitarios.
En paralelo, la FAFCE ha denunciado que su exclusión de los programas de ayudas supone una discriminación ideológica y una vulneración del principio de pluralismo que, a su juicio, debería regir las instituciones europeas. La organización sostiene que su labor está alineada con valores recogidos en los tratados de la UE, como la protección de la familia, la libertad de asociación y la diversidad cultural y religiosa.
El contraste entre ambas decisiones ha alimentado las críticas de sectores políticos y sociales que acusan a la Comisión Europea, presidida por Ursula von der Leyen, de priorizar proyectos ideológicos muy concretos mientras margina a entidades que no encajan en la agenda dominante de Bruselas. Estos sectores advierten de que este tipo de políticas contribuyen a aumentar la distancia entre las instituciones comunitarias y una parte significativa de la ciudadanía europea.
La polémica se produce en un contexto de creciente debate sobre el uso de los fondos europeos, el alcance de las políticas identitarias y el papel de la Unión Europea en la promoción de determinados marcos culturales e ideológicos, tanto dentro como fuera de sus fronteras.
