Cáritas Burgos ha decidido no suscribir con el Ayuntamiento la prórroga del convenio de acogida temporal para inmigrantes ilegales mientras no se alcance un acuerdo para incluir en el presupuesto del Consistorio para 2025 a Burgos Acoge, Accem y Atalaya, que quedaron excluidas a petición de VOX en la negociación para sacar adelante las cuentas del próximo año por su dedicación exclusiva a la gestión de inmigrantes que acceden ilegalmente en España.
Cáritas, que renunciaría a los 19.000 euros del acuerdo, ha informado a través de un comunicado remitido a los medios de la decisión adoptada tras la reunión mantenida este lunes entre las tres organizaciones afectadas y la propia Cáritas con la alcaldesa, Cristina Ayala, el portavoz de VOX, Fernando Martínez Acitores, y la concejala de Servicios Sociales, Andrea Ballesteros.
El delegado diocesano, Mario Vivanco, ha manifestado que la labor que realizan las entidades que atienden a inmigrantes ilegales «es indispensable» y ha manifestado su apoyo específico a Burgos Acoge, Accem y Atalaya, con quien Cáritas trabaja «de forma habitual».
Para Cáritas, la acogida, promoción y protección de los inmigrantes «contribuye a una sociedad más justa y fraterna» y asegura que, siguiendo los principios evangélicos que guían su actuación, atiende «por igual a todas las personas necesitadas».
Nuria Revilla, de Burgos Acoge, quien ha ejercido de portavoz de las tres ONGs afectadas, ha calificado de medida «drástica para la ciudad, para los servicios sociales municipales» y ha defendido que los datos de los informes técnicos municipales «corroboran el trabajo que hacen estas entidades».
