La Audiencia Provincial de Huesca ha condenado a 14 años y medio de cárcel a un inmigrante ilegal de 25 años por violar a una anciana de 94 años en el domicilio de esta en Tamarite de Litera, al este de la provincia de Huesca.
El tribunal también le ha considerado culpable de un delito de allanamiento de morada y otro de lesiones leves, le prohíbe aproximarse a la víctima y residir en la localidad durante 15 años y medio y le impone una multa de 240 euros, una medida de libertad vigilada de 10 años posterior al cumplimiento de la condena, además del pago de una indemnización de 35.830 euros por daños morales, aunque el acusado se encuentra en situación casi de indigencia, informa el Heraldo de Aragón.
La Fiscalía había pedido 17 años de prisión, mientras que las acusaciones particular y popular (VOX) las elevó hasta 21 y 23 años, respectivamente, además de indemnizaciones por un valor de 385.000 euros. Por su parte, la defensa solicitó una pena máxima de 12 años de cárcel para su cliente.
Los hechos ocurrieron la noche del 16 de enero de 2021, cuando Mohamed Cisse ―así se llama el condenado, que es de origen gambiano― se dirigió a la vivienda de la víctima, que vivía sola. Tras romper una ventana, el inmigrante se introdujo en la casa y subió por las escaleras a la segunda planta, donde la anciana se encontraba durmiendo.
En cuanto notó la presencia del intruso, la víctima nonagenaria comenzó a gritar, pero el condenado se abalanzó sobre ella, le quitó la ropa y le tapó la cara con una almohada para que no pudiera pedir socorro. Fue en ese momento cuando el condenado le agredió sexualmente, abandonando después el domicilio.
El tribunal ha tenido en cuenta las secuelas sufridas por la mujer. En el momento de la agresión, era completamente autónoma. Pero el episodio provocó que “dejara de caminar” y, a día de hoy, sufre “estrés postraumático grave”, recoge El Confidencial.
El agresor se encuentra en prisión desde el 17 de enero de 2021, pero el tribunal ha acordado pronunciarse con urgencia sobre la posible sustitución de la ejecución de la pena “por la expulsión del territorio español”. La decisión final se adoptará tras resolver los posibles recursos y escuchar a la Fiscalía y el resto de partes.
