El pasado 2 de agosto de 2022 el Boletín Oficial del Estado publicó el Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, en materia de becas y ayudas al estudio, así como de medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la dependencia energética del gas natural. El lector solo sabrá de él que es la norma por la que el Gobierno ha impuesto obligaciones relativas a la temperatura de los sistemas de calefacción y refrigeración de locales, apagón de las luminarias en edificios y establecimientos comerciales y otras imposiciones arbitrarias.
Como siempre sucede cuando el Gobierno utiliza torticeramente el Real Decreto Ley, mecanismo pensado como extraordinario y excepcional y empleado como medio habitual de legislar al margen del Congreso de los Diputados, esto es, del pueblo español, dentro de esas normas normas farragosas se incluyen disposiciones de hondo calado que quieren pasar desapercibidas en la vorágine del tráfago diario.
Las medidas ordenadas por el Gobierno socialseparatista de Sánchez constituyen una intromisión desproporcionada, arbitraria y abusiva en la capacidad de organización y gestión de las empresas y establecimientos comerciales. Hoy lo hacen con los comercios. Mañana podrán hacerlo en tu casa. Añadiría dos consideraciones a la discusión pública que han pasado desapercibidas por el control absoluto que de la opinión publicada tienen el Gobierno de Sánchez, laPSOE y los gestores (sic).
Primero, que esas medidas no son sino la traslación de propuestas adoptadas por la Comisión Europea y aplaudidas por la internacional socialista y la internacional popular, pues es más fácil cargar en familias y empresas la responsabilidad que asumir –como deberían hacer– sus errores, sus traiciones y sus equivocadas decisiones de años.
Es más fácil obligar a las empresas a apagar los escaparates a una hora dada (sobre todo si controlas prácticamente el 95% de los medios de comunicación) que reconocer públicamente que las políticas energéticas de la Unión son las responsables de la situación. Es más fácil imponer limitaciones y restricciones individuales que asumir que el fanatismo climático y la sumisión a los intereses gasísticos de Alemania y otras naciones nos han llevado hasta aquí. Y es más fácil convencer a una parte sustancial de españoles que lo que era «pobreza energética» es ahora «ahorro energético» en lugar de irte a tu casa por haber hecho de España una nación dependiente, en lo energético, en lo alimentario, en lo militar y en lo industrial.
Los medios peperos atacan a Sánchez con los argumentos de los «gestores» pero olvidan que esos mismos «gestores» son los que invariablemente han apoyado las políticas energéticas de la Comisión Europea e incluso las han promovido, ya se llame Von der Leyen, ya Merkel, ya Rajoy, ya Núñez Feijóo. Eso es lo que caracteriza al gestor: gestiona las decisiones de otros, que asume acríticamente.
Segundo, que el debate ha girado en torno a si esas medidas pueden adoptarse por el Gobierno de la Nación o si deben ser adoptadas por las comunidades autónomas. Un debate tangencial, formal, competencial y que en nada afecta o protege a los españoles. Por cada central nuclear cerrada como Garoña, por cada central térmica de carbón demolida, por cada fuente de energía cegada por culpa del Acuerdo de París, la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo a cada español le imponen una nueva restricción, limitación o privación de derechos. Esta es la realidad.
Dicho esto, no puedo dejar de mencionar otra gravísima disposición adoptada por el Gobierno en ese Real Decreto Ley 14/2022 y que hasta ahora ha pasado desapercibida. Los artículos 9 a 13 introducen la posibilidad de que mediante simple Orden Ministerial del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y por procedimiento de urgencia, sin informes preceptivos y sin audiencia pública, el Gobierno pueda convertir en obligatorias, de un día para otro, para pasajeros, gestores aeroportuarios y compañías aéreas, cualesquiera documentos de directrices, guías o recomendaciones elaborados por la Organización Mundial de la Salud o cualquier otra organización internacional en la que España sea parte.
De este modo, se coloca la gestión de nuestro tráfico aéreo y los derechos de pasajeros, ciudadanos, familias y empresas en manos de los burócratas de la OMS o (alucinante) de cualquier otra organización de la que España sea parte. Supongo que a los gestores les parece bien, porque se trataría de «gestionar» lo que otros deciden. Da igual lo que decidan. Da igual que en esas guías o recomendaciones se impongan restricciones a la libertad individual, vulneraciones de derechos o se ataque la soberanía de nuestra nación sobre su espacio aéreo.
La norma aprobada por el Gobierno podría así obviar, por la vía de lo supranacional, las limitaciones que la Constitución impone al Ejecutivo para cercenar derechos que los españoles nos hemos ganado para nosotros mismos o que nuestros mayores ganaron para nosotros. El TC declaró inconstitucionales los estados de alarma gracias a los recursos de VOX. Esto del tráfico aéreo supondría ir por la puerta de atrás. Y si les sale bien, lo harán en otros sectores.
Ya es discutible que a la OMS -financiada por fondos públicos y privados que atienden intereses de parte, empresas y oenegés- se le haya de reconocer capacidad alguna de declarar «situaciones de emergencia de salud pública de importancia internacional» tras sus evidentes implicaciones con el Partido Comunista Chino y esos falsos filántropos que se enriquecen a costa de las clases populares, pero aceptar que la OMS o cualquier otra organización de burócratas establezca las guías, recomendaciones y directrices de comportamiento de españoles, familias y empresas constituye abiertamente un ataque al orden jurídico nacional.
