Con toda seguridad, muchos de los que durante meses y años nos han oído criticar la sumisión de las élites políticas y económicas a la Agenda 2030 y quizás no comprendían nuestra perseverancia dialéctica, ahora, al ver el recibo de la luz de sus domicilios o empresas, o llenar de carburante el depósito de su vehículo, familiar o profesional, lo entiendan.
La Agenda 2030 es la desesperación de los transportistas obligados a trabajar a pérdidas por el incremento de los precios, la Agenda 2030 es la ruina de los agricultores que, en una emergencia de abastecimiento de materias primas, no pueden incrementar su producción por las limitaciones y restricciones de la normativa comunitaria; Agenda 2030 son las centrales térmicas demolidas, como en Velilla, para acelerar la demencial transición ecológica a un modelo que ni es más sostenible, ni resiliente ni nada que se le parezca: simplemente es la destrucción de nuestra capacidad productiva y la dependencia de potencias extranjeras, públicas o privadas.
La energía es un elemento estratégico para la seguridad nacional de cualquier país, para el desarrollo de su industria, el bienestar de su población y, en definitiva, para la continuidad misma de la nación.
En VOX llevamos meses exigiendo cambios en el sistema de fijación de precios de la electricidad mientras que PP y PSOE, secuestrados por la Agenda 2030 y el fanatismo climático de Bruselas, nos acusaban de antieuropeos. Se ha demostrado que ellos son los enemigos de Europa. El 20 de octubre de 2021 intervine en el Pleno del Parlamento Europeo denunciando que el régimen de comercio de derechos de emisión de CO2 estaba provocando un alza continuada de los precios.
El actual sistema de fijación de precios de producción de energía eléctrica no está diseñado ni ejecutado para proteger al consumidor final, a las familias o las PYMES, sino para beneficiar a las empresas eléctricas supuestamente no contaminantes, produciendo un beneficio extraordinario a quienes estaban dispuestos a vender la energía más barata.
Este sistema obedece tanto a directivas europeas como al propio sistema normativo español; y es marginalista y oligopolista. El precio de la electricidad lo marca el coste del último megavatio hora producido por el sistema eléctrico, que generalmente fijan las centrales de gas o carbón, incluyendo en este coste el precio que se paga por las emisiones de CO2. Su origen se halla en la reforma del sistema eléctrico realizada por el PP en 2013, mediante Ley del Sector Eléctrico.
Los extraordinarios beneficios de las multinacionales de la energía vienen gracias a un sistema construido por PP y PSOE que ha permitido tanto a los políticos como a las empresas beneficiarse a costa de que los españoles paguen más; y su exclusiva motivación era beneficiar a las energías renovables – por supuesto no la nuclear para los ecofanáticos – para impulsar una coaccionada transformación de las inversiones en producción de energía.
Es una forma como cualquier otra de intervención pública en el precio. La diferencia es que en este caso no se trata de ampliar la oferta de energía ni de reducir el coste final para el consumidor sino, precisamente, de reducir la oferta (excluyendo la térmica, y limitando o suspendiendo la producción de gas o de energía nuclear) y trasladar a las renovables el mayor coste que abona el consumidor.
Hay que repetirlo todos los días: es la agenda ecologista radical de la Unión Europea y el seguidismo sumiso de populares y socialistas en España, lo que ha provocado un aumento artificial del precio de la energía que cuesta caro a los españoles.
El ejemplo más evidente es la Ley 7/2021 de 20 de mayo de Cambio Climático y Transición energética, aprobada con el único voto en contra de VOX, con la finalidad de ajustarse a la Agenda globalista de los Acuerdos de París.
En dicha Ley se dice literalmente que, a partir de su entrada en vigor, no se otorgarán en el territorio nacional, incluido el mar territorial, la zona económica exclusiva y la plataforma continental, nuevas autorizaciones de exploración, permisos de investigación de hidrocarburos o concesiones de explotación para los mismos, regulados al amparo de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, y del Real Decreto-ley 16/2017, de 17 de noviembre, por el que se establecen disposiciones de seguridad en la investigación y explotación de hidrocarburos en el medio marino; ni en la que esté prevista la utilización de la fracturación hidráulica de alto volumen.
Es decir, ni carbón, ni petróleo, ni gas natural. A pesar de que es conocido que España cuenta en su subsuelo con suficientes yacimientos de gas para el sostenimiento de nuestra economía durante 40 años. ¿No me digan que no es criminal? Repito que el único partido que votó en contra fue VOX, tachado de nuevo de negacionista.
El Gobierno de Sánchez es el culpable de esta escalada de precios, y debe responder ante todos los españoles. Basta un dato, que no es poco relevante. En 21 de mayo de 2021, fecha de entrada en vigor de esa inadmisible Ley de Cambio Climático por el Congreso, el precio, en el mercado diario de la electricidad, era de 79,19€/MWh. Hoy, 21 de marzo, mientras escribo estas líneas, es de 240,89€/MWh. El 7 de marzo llegamos a los 700€/MWh.
¿Por qué razón los españoles hemos de asumir esa brutal diferencia de precio imputable solo a su demencial fanatismo climático?
