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Este artículo se publicó en La Gaceta antes de convertirse en La Gaceta de la Iberosfera, no siendo entonces propiedad de Fundación Disenso.

El juez vuelve a rechazar la imputación de Cifuentes y Aguirre por la Púnica

El juez ha denegado la petición de Granados de imputar a Cifuentes y Aguirre, y el exconsejero de Empleo andaluz niega haber sido advertido del fraude de los ERE.

El juez Manuel García Castellón reafirmó el pasado lunes su rechazo a la pretensión del exdirigente del PP de Madrid Francisco Granados de citar como investigados en el caso Púnica a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y a sus antecesores Ignacio González y Esperanza Aguirre.
El juez de la Audiencia Nacional rechazó el recurso presentado por Granados -supuesto cabecilla de la trama Púnica- contra su decisión previa de no citar a esos dirigentes políticos en un auto fechado el 12 de febrero, el mismo día en el que el exsecretario general del PP madrileño y exconsejero regional declaró ante el magistrado.
Francisco Granados pidió en octubre al magistrado la imputación de los tres últimos presidentes madrileños por su implicación en la presunta financiación ilegal del PP de Madrid en las campañas regionales de 2007 y 2011 y en las generales de 2008.

Señala a Cifuentes como responsable de campañas

Entonces, expuso que Cifuentes debía ser investigada porque desde 2004 a 2008 fue secretaria de Política Territorial del partido y para las elecciones de 2007 fue además responsable de movilización de la campaña de esa fuerza política, y González porque dirigió las campañas.
En su declaración ante el juez del pasado lunes, volvió a implicar a los tres en esa presunta financiación ilegal del partido, que, según su versión, Cifuentes conocía.
La cuestión es que, coincidiendo con ese testimonio, el magistrado dictó un auto en el que rechaza de nuevo las pretensiones de Granados, como hizo el pasado 5 de diciembre. Entonces, advirtió de que las peticiones del exdirigente del PP pretenden condicionar «absolutamente» el desarrollo de la investigación.

Viera niega haber conocido el fraude de los ERE

Ya en Andalucía, con el macrofraude de los ERE, el exconsejero de Empleo José Antonio Viera ha declarado que la Intervención de la Junta de Andalucía nunca se refirió a él «con un informe que indicara que había una situación de ilegalidad» en el sistema con el que el Gobierno autonómico repartía las ayudas  investigadas.
Viera es el segundo de los 22 ex altos cargos socialistas que se sientan en el banquillo, acusado de prevaricación y malversación por lo que se enfrenta a ocho años de cárcel, y a diferencia del exdirector general de Trabajo Javier Guerrero sí ha decidido responder las preguntas de la Fiscalía.
Durante su declaración ha señalado que desde el Consejo de Gobierno -que en su etapa de consejero de 2000 a 2004 presidía Manuel Chaves- existía una directriz general para resolver conflictos laborales que se estaban dando en Andalucía por el cierre o reestructuración de empresas y que afectaban a miles de trabajadores.
A raíz de los reparos de la Intervención para dar una ayuda a la empresa Cárnicas Molina, ordenó a su equipo buscar una fórmula «dentro de la legalidad» que permitiera dar ayudas con «agilidad y eficacia» y tras consultarlo con la Dirección General de Asuntos Europeos quedó claro que se podían conceder siempre que no fueran a empresas, para que no colisionaran con fondos europeos, sino a los trabajadores afectados.
Para articular esas ayudas individuales se elaboró un convenio entre la Consejería de Empleo y la agencia pública Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) en 2001, acuerdo que él firmó como consejero entendiendo que había pasado todos los filtros y «cumplía todos los requisitos legales», por lo que a preguntas del fiscal ha admitido que no revisó si tenía informes de la Intervención y el Gabinete Jurídico de la Junta para validarlo.
Ha dicho desconocer que con ese informe cambiaba el organismo pagador de las ayudas (al pasar al IFA) y que con ello las ayudas no eran fiscalizadas por la Intervención de la Consejería de Hacienda pero ha asegurado que los fondos del IFA «tenían una fiscalización continua, no una sino dos».

Las empresas admiten facturas falsas a la Gürtel

Varios directivos de una de las empresas que presuntamente financión de manera ilegal al PP valenciano han confirmado en el juicio que sus jefes contrataron con la filial valenciana de Gürtel por servicios que no tienen constancia de que se realizasen.
Un total de seis testigos han comparecido este miércoles en el juicio a la rama valenciana de la Gürtel, que celebra la Audiencia Nacional, todos ellos subordinados de los empresarios que confesaron haber financiado ilegalmente al PP valenciano a través del pago de facturas a Orange Market -filial de la trama en Valencia- por actos electorales de las campañas municipal y autonómica de 2007 y de las generales de 2008.
Dos de ellos, exdirectivos de la empresa Lubasa Desarrollos Inmobiliarios han confirmado que su jefe, Gabriel Alberto Batalla (uno de los que confesó en el juicio), les llevó un contrato con Orange Market para que lo firmaran, si bien no tienen constancia de que ese servicio finalmente se realizase.
Se trata de dos facturas de 45.000 y 50.000 euros que, según la Fiscalía, Lubasa pagó a Orange Market por servicios inexistentes y que en realidad camuflaban pagos encubiertos de actos electorales del PP valenciano.

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Bárcenas desvincula a Génova de la financiación ilegal del PP valenciano

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