España vuelve a llorar a decenas de víctimas tras una nueva tragedia: un descarrilamiento en Córdoba que ha acabado con la vida de al menos 40 personas y ha dejado decenas de heridos, en un tramo de vía terminado en mayo por una empresa vinculada a una trama de corrupción relacionada con Koldo García y el Gobierno. Todo ello mientras el Ejecutivo ha priorizado contratos ferroviarios millonarios en países como Marruecos, Egipto o Uzbekistán frente a la inversión y control exhaustivo en la red nacional.
Este último accidente se suma a una larga lista de catástrofes que han marcado al país en los últimos años, muchas de ellas con un denominador común: la actuación deficiente del Gobierno de España, ya sea por inaptitud técnica, decisiones ideológicas o una clara dejación de funciones.
Durante la pandemia de Covid-19, el Gobierno aseguró inicialmente que en España habría como mucho uno o dos casos, antes de imponer un confinamiento masivo que posteriormente fue declarado ilegal por el Tribunal Supremo. Aquella gestión no sólo paralizó el país, sino que impidió a miles de familias despedirse de sus mayores. España terminó registrando más de 121.000 fallecidos por coronavirus, convirtiéndose en uno de los países europeos más golpeados por la crisis sanitaria.
La DANA que arrasó amplias zonas del levante español dejó alrededor de 237 muertos y miles de damnificados. A pesar de las alertas meteorológicas, la Conferencia Hidrográfica del Júcar, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, no actuó con la rapidez necesaria ante el desbordamiento del barranco del Poyo. A ello se suma que años antes Pedro Sánchez descartó el desvío de este cauce por considerarlo caro y poco ecológico. También se criticó duramente la tardanza en desplegar al Ejército para auxiliar a la población afectada.
En materia energética, España sufrió un apagón generalizado que dejó sin suministro eléctrico a millones de personas durante horas, afectando a hospitales, transportes y servicios esenciales. Las críticas se centraron en la política energética del Gobierno, que ha apostado por cerrar progresivamente las centrales nucleares, reduciendo fuentes estables de generación en nombre de un extremismo climático que ha debilitado la seguridad del sistema.
Los incendios forestales también han causado estragos, con miles de hectáreas calcinadas y varias víctimas mortales. Numerosos expertos y autoridades locales han advertido que la prohibición de limpiar los montes, junto con la escasez de cortafuegos eficaces y una política forestal pasiva, han contribuido a que los fuegos sean cada vez más incontrolables.
La erupción del volcán de La Palma en 2021 destruyó más de mil hectáreas y miles de viviendas. Aunque sólo se contabilizó oficialmente una víctima mortal, la catástrofe social se prolongó durante años. A día de hoy todavía hay personas viviendo en casas contenedor y sin haber recibido todas las ayudas prometidas por el Gobierno, lo que ha generado un profundo malestar entre los damnificados.
Ahora, con el fatal descarrilamiento de Córdoba, se reabre un debate que nunca se cerró: si el Estado está realmente protegiendo a los ciudadanos o si ha relegado esa misión básica frente a intereses políticos, ideológicos o incluso clientelares. El cúmulo de tragedias, errores y retrasos dibuja un panorama preocupante, donde la seguridad, la previsión y la gestión eficaz parecen haber pasado a un segundo plano.
