La Fundación Española de Abogados Cristianos acaba de interponer una querella contra Miguel Ángel Gómez Fernández, cuñado del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su presunta implicación en un delito de tráfico de influencias. El escrito judicial, presentado ante los tribunales, sostiene que Gómez podría haber aprovechado su vínculo familiar con la esposa del presidente, Begoña Gómez, para beneficiar económicamente a la productora en la que trabajaba, Vancouver Media, mediante millonarias ventajas fiscales.
Según el contenido de la querella, adelantado por La Razón, la vinculación profesional de Miguel Ángel Gómez con la citada productora comenzó apenas cuatro meses después de que Pedro Sánchez asumiera la presidencia del Ejecutivo. En ese momento, fue contratado como responsable del área de Postproducción, una posición de alta dirección con competencia directa sobre decisiones técnicas y presupuestarias en la elaboración de contenidos audiovisuales.
A partir de su incorporación, siempre de acuerdo con la acusación, Vancouver Media habría recibido deducciones fiscales por un valor total de 16,3 millones de euros entre 2018 y 2021. Estas bonificaciones fueron concedidas por la Agencia Tributaria bajo la categoría de «producciones cinematográficas extranjeras», a pesar de que la empresa en cuestión es una sociedad española dedicada a la producción nacional.
Los denunciantes también subrayan otros episodios llamativos. Por ejemplo, en 2019 —ya con Gómez Fernández en plantilla— el Ministerio de Hacienda habría otorgado a Vancouver Media una ayuda de 4,3 millones de euros, lo que permitió a la empresa evitar el pago del Impuesto de Sociedades. En 2021, según la querella, la AEAT habría transferido otros 12 millones a la compañía; como sólo pudo aplicar 1,8 millones a su liquidación fiscal, solicitó la devolución de los 10,2 millones restantes.
A juicio de Abogados Cristianos, estas cifras se vuelven aún más sospechosas si se tiene en cuenta que, justo en esos dos años de bonanza fiscal, la empresa repartió importantes dividendos entre sus socios: más de 5,3 millones en 2019 y más de 2,6 millones en 2021. Además, denuncian que, tras la llegada de Gómez, Vancouver dejó de abonar tarifas por el uso de instalaciones públicas para rodajes, pese a que antes había pagado más de 42.000 euros por esos conceptos.