Es 1983 y Manuel Fraga aprueba la ley de normalización lingüística gallega. Hace apenas dos meses que Jordi Pujol ha hecho lo propio en Cataluña abriendo el camino hacia un viaje cuya última estación es la expulsión del español de la vida pública. El preámbulo de la norma catalana alude a la «lengua propia», «símbolo de una unidad cultural» e «instrumento integrador». El legislador despeja sus intenciones cuando lamenta que el catalán tenga una «escasa presencia en los ámbitos del uso oficial, de la enseñanza y de los medios de comunicación social».
La avanzadilla catalana da el relevo a Galicia, que se sube al carro de la normalización lingüística. El artículo 1 de la ley Fraga no da lugar a equívocos: «El gallego es la lengua propia de Galicia». Artículo 10: «Los topónimos de Galicia tendrán como única forma oficial la gallega». El artículo 20 habla de las obligaciones de la Xunta:
1. Fomentar la producción, el doblaje, la subtitulación y la exhibición de películas y otros medios audiovisuales en lengua gallega.
2. Estimular las manifestaciones culturales, representaciones teatrales y los espectáculos hechos en lengua gallega.
3. Contribuir al fomento del libro en gallego, con medidas que potencien la producción editorial y su difusión.
Consagrada la ley sólo cabe esperar a que el tiempo haga su trabajo e imponga el gallego como la lengua oficial en detrimento del español, que desaparece de la vida pública. Naturalmente, todas las alusiones iniciales apuntan a una protección de la cultura autóctona, coartada para emplear la lengua como arma arrojadiza y herramienta política que justifique el hecho diferencial.
Bajo la premisa cultural se consagran derechos en función del territorio y no de la persona. Mismo país, diferentes reglas. Muy pronto desaparece la igualdad de oportunidades en el acceso a un puesto de trabajo en la administración pública. Sanitarios, bomberos, policías o profesores no sólo deben conocer la lengua gallega, sino que hacerlo puntúa extra. Incluso por encima del conocimiento de la disciplina en cuestión. Hay casos sonrojantes. Hace unos meses una profesora de violín se quedó sin plaza en la Escuela Municipal de Música de Ames (La Coruña) pese a obtener la máxima puntuación (100 sobre 100) en el examen. El motivo: suspendió la prueba de gallego, así que su plaza la ocupó otra docente cuya nota era apenas del 35,1.
En 2010, cuatro años antes de referirse a Galicia y Cataluña como «naciones sin Estado», Feijoo aprobó el decreto para el plurilingüismo que margina aún más el español de las escuelas. Desde entonces la lengua oficial en todo el territorio nacional sólo es obligatoria en asignaturas que apenas precisan redacción como Matemáticas, Física y Química y Tecnología. Por el contrario, las que requieren de una expresión escrita más profunda como Lengua y Literatura, Filosofía e Historia son en gallego.
En las aulas, como sabe todo nacionalismo, se juega el partido. El actual responsable de Política Lingüística de Galicia, Valentín García, desveló en 2022 los planes del gobierno regional: «En lo que tenemos que esforzarnos de verdad es en que en los colegios se hable más gallego, pero en el patio, cuando salen a jugar, ahí es donde se tiene que hablar más gallego […] tenemos que crear una sociedad que hable más gallego».
Y de las palabras a los hechos. Cada curso escolar la Junta gallega (de Feijoo a Rueda) pone en marcha un programa que excluye por completo el español en los colegios durante 21 días («21 días co galego e +»). En esta última edición participaron hasta 4.587 personas, entre alumnos, docentes y personal de administración y servicios de 10 centros de educación infantil y primaria de las cuatro provincias.
Cuatro décadas después de la imposición de la normalización lingüística el PP, que ha gobernado Galicia por mayoría absoluta hasta en ocho ocasiones, impide la elección del español como lengua vehicular en la escuela y su utilización por parte de profesores para la documentación interna con el centro educativo o la comunicación con los padres de los alumnos. Tampoco se puede usar el español en la rotulación, documentación y campañas en la administración gallega (Justicia, Sanidad y la mencionada Educación). Además, las ayudas públicas, especialmente en el mundo de la cultura, van supeditadas al gallego.
Sin embargo, el mismo PP que ha excluido la lengua común del Estado en Galicia advierte estos días del peligro de un gobierno del BNG y el PSG. El candidato socialista Besteiro («Queremos que más gente hable gallego en Galicia, es nuestra obligación») no ha declarado nada que antes no haya dicho y hecho el propio PP. Y el BNG, que promete una educación monolingüe en gallego, apenas tendría margen para avanzar en la exclusión definitiva y total del español porque, mientras rija mínimamente el criterio de los tribunales, al menos el 25% de la educación debe ser en español.
Ni siquiera que la candidata del bloque nacionalista, Ana Pontón, presuma de haber dejado de hablar en español desde los 15 años tampoco debería ser un problema para el PP. La responsable de la Red de Dinamización Lingüística de Galicia (organismo dependiente de la consejería de Educación), Alicia Padín, aseguró en noviembre de 2020 que «ninguna persona culta debería atreverse a hablar en público en castellano».
