El Ministerio de Defensa adquirió casi 34 toneladas de armamento y munición a Israel a lo largo de 2025, según datos oficiales del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Las cifras, correspondientes al periodo comprendido entre enero y octubre y todavía de carácter provisional, reflejan operaciones de compra durante todos los meses salvo septiembre. En total, 33.997 kilos de «armas y municiones» y «accesorios», por un importe de 16.219.038 euros, terminaron en manos del departamento que dirige la ministra Margarita Robles.
Los datos oficiales desmontan el relato sostenido por el Gobierno desde el inicio de la operación israelí contra Hamás. Al menos en el plano político y mediático. El Ejecutivo de Pedro Sánchez adoptó una postura de confrontación directa con el Gobierno que encabeza Benjamin Netanyahu, una actitud que derivó incluso en choques diplomáticos de alto nivel. Entre ellos, la retirada temporal de la embajadora israelí en Madrid, Rodica Radian-Gordon, hace ahora dos años.
Según Economía, mayo fue el mes de mayor volumen de importaciones, con un gasto de 5,96 millones de euros en material militar israelí. La información consultada por La Razón apunta a que estos bienes se destinaron a «programas estratégicos del Ministerio de Defensa» y a uso exclusivo del propio departamento.
El desglose mensual muestra dos tipos de adquisiciones. Por un lado, armamento y munición vinculados a esos programas estratégicos. Por otro, compras de componentes «no esenciales«, piezas cuya ausencia impide el correcto funcionamiento de un arma, aunque de menor cuantía económica. Estas últimas se mantuvieron de forma constante a lo largo del año.
Las palabras de Robles y la realidad de los datos
En octubre de 2024, la ministra Robles aseguró por escrito a sus socios de Gobierno, especialmente a Sumar, que España no había comprado ni munición ni armamento a Israel desde el inicio de la guerra en Gaza. En aquella carta sostuvo que sólo quedaban contratos heredados y que las nuevas relaciones con empresas israelíes se limitaban a reparaciones y repuestos.
El Gobierno anunció después un embargo efectivo sobre cualquier material militar procedente de Israel. Sin embargo, las tensiones internas y las dificultades técnicas retrasaron la decisión hasta el 23 de septiembre, fecha en la que el Consejo de Ministros aprobó finalmente el veto. La prohibición afectó tanto a exportaciones como a importaciones de material de defensa y de productos de doble uso.
Con el embargo ya aprobado, la documentación del Ministerio de Economía revela que Defensa realizó en octubre una compra de componentes israelíes no esenciales por 256,72 euros. Al no requerir licencia de importación, la operación quedó fuera del control directo del veto político, aunque contradijo el mensaje oficial del Ejecutivo.
El mayor problema político para Robles estalló un día antes del envío de su carta a los socios de Gobierno. La Guardia Civil firmó entonces un contrato con la empresa israelí IMI Systems para la adquisición de casi 20 millones de balas destinadas a las pistolas reglamentarias, por un importe de 6,6 millones de euros. Aunque Defensa no gestiona la contratación de la Benemérita, sí mantiene competencias sobre el cuerpo.
La adjudicación desató una tormenta política. Los partidos situados a la izquierda del PSOE exigieron dimisiones tanto en Interior como en Defensa. El ministro Fernando Grande-Marlaska anunció la cancelación del contrato, pero el paso del tiempo y la falta de alternativas terminaron con la adjudicación definitiva.
El episodio se convirtió en uno de los momentos más delicados para Marlaska al frente del Ministerio del Interior. Diversas fuentes apuntan a que estuvo cerca de presentar su dimisión. Quien sí abandonó el cargo por aquellas fechas fue su secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, persona de máxima confianza del ministro desde el inicio de su trayectoria política.
Desde el Gobierno se desligó oficialmente esa salida del contrato de las balas israelíes. Sin embargo, en el entorno de Interior no pasó desapercibido el malestar generado por la gestión del asunto ni la actitud pública y privada del presidente Sánchez, que dejó huella en Castellana 5, sede del ministerio.
