La ofensiva pro-Hamás del Gobierno de Pedro Sánchez supondrá la no participación de España en el certamen de Eurovisión después de que RTVE haya confirmado su retirada del festival al no prosperar el intento de expulsar a Israel de la competición musical europea.
La decisión se produce tras la celebración de la 95ª Asamblea General de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), celebrada en Ginebra, donde los países miembros votaron mantener a Israel dentro del concurso. España había condicionado su continuidad en Eurovisión a que la televisión pública israelí fuese suspendida, una exigencia que no contó con el respaldo suficiente.
La retirada española arrastra consigo la renuncia a la emisión de la final de Eurovisión 2026, prevista para el 16 de mayo en Viena, así como a las dos semifinales que se celebrarán los días 12 y 14 del mismo mes. Con esta decisión, RTVE priva a millones de espectadores del principal evento musical televisivo del continente como consecuencia directa de una apuesta política que nada tiene que ver con la música.
El Consejo de Administración de RTVE ya había dejado fijada esta hoja de ruta el pasado mes de septiembre, cuando aprobó abandonar el festival si Israel continuaba formando parte del certamen. Es decir, la salida no es fruto del debate de esta semana, sino de un posicionamiento político previo dictado desde el entorno gubernamental.
Durante la Asamblea General, RTVE solicitó por escrito —junto a otros siete países— que la votación fuese secreta, una petición que fue rechazada. Además, la presidencia de la UER impidió que se celebrara una votación específica y separada sobre la participación de Israel, frustrando así la estrategia de presión impulsada desde España.
En su intervención previa, el secretario general de RTVE, Alfonso Morales, reconoció formalmente los mecanismos de control promovidos por la organización del festival, pero los calificó de insuficientes. Alegó que la situación en Gaza, pese al alto el fuego y al inicio de negociaciones de paz, y el supuesto uso político del certamen por parte de Israel, hacían difícil mantener la neutralidad del concurso.
Morales también expresó su malestar por lo que calificó como una «instrumentalización» del sistema de votaciones en ediciones recientes, lamentando la falta de sanciones y reclamando más transparencia. En la práctica, RTVE planteó incluso la suspensión temporal de la cadena israelí KAN por al menos un año, con posibilidad de revisión posterior. Al no prosperar esa propuesta, España optó por romper.
Frente a esta postura, la mayoría de los miembros de la UER defendieron que Eurovisión debía seguir adelante con normalidad, reforzando las garantías ya establecidas para preservar la imparcialidad del festival y su carácter estrictamente cultural.
Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido cruzar esa frontera y convertir un evento musical en un nuevo campo de batalla ideológico, castigando a un país entero y, de paso, a la audiencia española, por motivos geopolíticos y por una alineación cada vez menos disimulada con el relato del entorno de Hamás. En lugar de proteger la neutralidad de Eurovisión, el Ejecutivo opta por dinamitarla desde dentro y usar la retirada como gesto político.
