Cataluña una nación. Esa es la idea que desde finales del siglo XIX y especialmente desde principios del siglo XX la burguesía catalana ha ido extendiendo por toda la sociedad con un claro objetivo: beneficiarse lo máximo posible en detrimento del resto de España.
La búsqueda impostada del hecho diferencial ha sido una constante, particularmente desde que los partidos nacionalistas/separatistas aparecieron en la política española en la época de la restauración.
Por aquel entonces, la Lliga fue el primer partido que llegó al Congreso de los Diputados para reclamar un trato especial para su región, particularmente en el ámbito económico, pero también en otras cuestiones como es el caso de la exaltación de valores propios y tener capacidad legislativa en la región.
Tal es así, que en 1914 este partido consiguió del Gobierno de España la creación de la Mancomunidad de Cataluña y su dirigente, Francisco Cambó, lideró la redacción de un proyecto de estatuto para Cataluña, que fue rechazado por las Cortes en 1919.
Otro de los logros más importantes de los nacionalistas de la Lliga fue el «arancel Cambó» en 1922, que benefició a la industria catalana al impedir la entrada en España de productos extranjeros. Esto se consiguió gracias a la presencia del propio Cambó en el Consejo de Ministros del reino de España, el cual amenazó con abandonar de no concedérsele dicho arancel.
El siguiente avance significativo para las pretensiones de los separatistas se produjo durante la II República cuando ERC, mediante el chantaje de Macià al gobierno provisional, consiguió el restablecimiento de la Generalidad de Cataluña y el compromiso de la aprobación de un estatuto de autonomía que se materializó en 1932.
Esto permitió a la región catalana poseer una capacidad legislativa de la que carecía, dado que la mancomunidad de 1914 no disponía de la misma pese a que tenía capacidad de autogobierno.
Con estas bases, Esquerra Republicana, dirigida a mediados de los años 30 por Lluís Companys, gobernó la Generalidad de Cataluña y puso en práctica la segregación y la manipulación histórica para construir el hecho diferencial de la región con el resto de España.
Esto llevó al político catalán en 1934, aprovechando el golpe de Estado de la izquierda contra la II República, a dar un golpe separatista y declarar la independencia de Cataluña, algo que fue rápidamente reprimido por el gobierno de Alejandro Lerroux.
Durante la Guerra Civil y con el autogobierno reestablecido unos meses antes del estallido de la contienda, ERC se hizo con el control total de la región, aplicando el terror separatista a la población y convirtiendo los mitos nacionalistas en verdad absoluta e indiscutible.
Con el fin del franquismo, los chantajes de los separatistas catalanes volvieron a la escena política española. El primero de ellos —y que tiene ecos en nuestros días— se produjo en la redacción del texto constitucional de 1978.
Los padres políticos de Puigdemont, con Jordi Pujol y Miquel Roca a la cabeza, amenazaron con boicotear el proceso constitucional si no se restablecía la Generalidad de Cataluña, el autogobierno, se dotaba a la región de un estatuto de autonomía y se incluía en la Constitución el término «nacionalidades».
Dicho y hecho. Todas las peticiones de los nacionalistas fueron concedidas con el beneplácito de la UCD, socialistas y comunistas, y el estatuto de autonomía fue el segundo en aprobarse en España en 1979 tras el de Vascongadas.
Desde entonces, el separatismo catalán —primero en su versión más dulcificada (CiU) y posteriormente en la más aguerrida (ERC y Junts)— ha venido planteando diversos chantajes a los gobiernos de España a cambio de completar las mayorías necesarias.
Las primeras cesiones vinieron de la mano de Felipe González a Pujol principalmente en el ámbito educativo, consiguiendo el nacionalismo catalán las escuelas para adoctrinar a las nuevas generaciones.
Posteriormente, Pujol pactó con Aznar en 1996 en lo que se conoce como «pacto del Majestic», que fue el mayor traspaso de competencias conocido hasta la fecha en ámbitos como seguridad, prisiones, justicia y un largo etcétera.
Entrando ya en los gobiernos de Zapatero, tanto CiU como ERC jugaron un papel decisivo en las dos legislaturas socialistas, que se tradujeron en las cesiones de mayor calado tanto en lo que se refiere a competencias como para la prosperidad de los españoles.
El bloqueo al trasvase del Ebro por parte de ERC ha tenido y tiene consecuencias directas en nuestros días, especialmente para los españoles del sur y el Levante que ven cómo por culpa de la insolidaridad de los separatistas no hay agua suficiente para sus cultivos y los ciudadanos sufren restricciones en su consumo varios meses al año.
Otra de las semillas que llevaron al separatismo a envalentonarse fue el estatuto de autonomía del año 2006, pactado entre el gobierno socialista y CiU para dar un «nuevo encaje a Cataluña».
Esto llevó, durante el gobierno del PP, a sufrir un referéndum ilegal y un golpe de Estado separatista por parte de los miembros de la antigua Convergencia como es el caso de Puigdemont, de ERC y también de la CUP en octubre de 2017. Ambos delitos no fueron evitados por los populares, que pretendían a cualquier precio llegar a un pacto con el gobierno catalán, llegándoles a ofrecer un pacto fiscal y el reconocimiento de Cataluña como «nación sin Estado» dentro de la Constitución.
Tras el golpe y con la gobernabilidad en manos de ERC en el año 2019, los chantajes siguieron y el gobierno de Pedro Sánchez no dudó en aceptar las condiciones que iban imponiendo los de Oriol Junqueras, entre las que destacan la mesa de diálogo, los indultos a los golpistas encarcelados por el golpe del 17 y la eliminación del delito de sedición.
Ahora, el futuro de Pedro Sánchez no sólo pasa por ERC, también por Junts, el partido heredero de la antigua Convergencia, cuyo líder Carles Puigdemont exige una ley de amnistía que le permitiría volver a España sin cuentas pendientes con la Justicia, pero también por una negociación que siente las bases sobre un futuro referéndum de autodeterminación.
