El PSOE inició esta semana los actos del 40 aniversario de la victoria socialista con 202 diputados en 1982. Lo hizo juntando a sus tres presidentes del Gobierno: Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez… y sacando pecho de las tres etapas con el eslogan 40 años de democracia. 1982-2022. 40 años de progreso.
Los dirigentes socialistas recordaron aquellos años en los que se proclamaban el partido de los «cien años de honradez y firmeza», y reivindicaron su legado. González se lanzó con una afirmación distópica -«en democracia, la verdad es lo que los ciudadanos creen que es verdad», dijo- y Sánchez enarboló la bandera de la «defensa de los trabajadores» y del ecologismo radical, aunque los dos términos constituyan un oxímoron, dado que precisamente es la agenda del lobby climático la que está arruinando a los trabajadores de España, y afirmó que el nexo común de las tres etapas de gobiernos socialistas es «dotar a España de un auténtico estado del bienestar».
Pero la realidad es que la «política social» de los gobiernos socialistas acaba siempre en destrucción de empleo y en ruina para los españoles. «Yo prometí en la primera legislatura 800.000 empleos y destruimos 800.000 empleos», llegó a reconocer González. Zapatero prometió crear dos millones de empleos en su segunda legislatura y España cerró su mandato con cinco millones de parados. Y se despidió, antes de manifestar que se iría a contar nubes y viajar a Venezuela a blanquear a la tiranía chavista, diciendo que se sentía «el principal responsable ante la falta de trabajo». España hoy sigue la misma senda: inflación, crisis económica y energética, y unos Presupuestos, los de 2023, que priorizan el despilfarro.
Los presidentes socialistas también reivindicaron su legado como «partido que más se parece a España» y su «proyecto de país», aunque en sus gobiernos sembraron -y continúan sembrando- la discordia, la división y el enfrentamiento bajo un denominador común: la hostilidad hacia los españoles que no piensan como ellos. Son muchos los adultos que todavía hoy recuerdan aquel vídeo de campaña del PSOE en 1996 en el que mostraba al PP, entonces en la oposición, como un perro dóberman de dientes muy afilados que representaba «la España en negativo, de la incertidumbre y del retroceso». El PP ganó por la mínima aquellos comicios, hecho que hizo crecer la animadversión del PSOE hacia la media España que no le votaba.
Llegó Zapatero en 2004 tras los atentados del 11-M y con el malogrado Rubalcaba diciendo «los españoles merecen un Gobierno que no les mienta» en plena jornada de reflexión. Y Zapatero aplicó el rodillo ideológico, su programa de ingeniería social para enfrentar a los españoles. Ya saben: la ley contra la violencia de género, que criminaliza al varón por el hecho de serlo; la ley de plazos, que prácticamente consagra el aborto como método anticonceptivo; la ley de «memoria histórica», que dicta una verdad oficial e impone una memoria hemipléjica, etc. Y, por supuesto, cedió y concedió al separatismo desde aquella célebre frase en la que afirmaba que la nación era un concepto «discutido y discutible».
En 2011, el PP de Mariano Rajoy llegó a La Moncloa ante el escenario de quiebra económica y mantuvo -con mayoría absoluta- todas estas leyes ideológicas. Después apoderándose del movimiento 15-M surgió Podemos; Ciudadanos, nacido años atrás en Cataluña ante la colaboración del socialismo con los secesionistas, apostó por la implantación en toda España -hoy está en vías de extinción definitiva-, y como apuesta firme por la unidad nacional y reacción frente al denominado consenso socialdemócrata surgió VOX. Actualmente, la formación liderada por Santiago Abascal es la tercera fuerza política en el Congreso. Desde ese maremágnum llegamos a la España de hoy, en la que un Ejecutivo socialcomunista liderado por el PSOE incide en el andamiaje de ingeniería social, revanchismo ideológico y revisionismo histórico que inició Zapatero.
Ahí está la ley de eutanasia contra los más débiles; la ley educativa, que rechaza el mérito y atenta contra los derechos lingüísticos de millones de niños en algunas regiones de España; la ley de «memoria democrática», que ataca la libertad de expresión, de investigación y de cátedra; la ley del «solo sí es sí», que acaba con el principio de proporcionalidad y abre la puerta a la rebaja de penas a delincuentes sexuales; o la ley Trans, que persigue la destrucción de la biología… leyes todas que no solucionan los problemas reales de los españoles y que han sido aprobadas o están en trámite de aprobación desde el sectarismo y contra al interés general que debe inspirar toda acción política.
