La normativa municipal establece que el consistorio dará subvenciones «para la elaboración de impresos, rótulos, etiquetas, bolsas, papel de envolver… que estén solo en lengua catalana».
La Abogacía del Estado ha recurrido un acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Pollença (Baleares) del pasado 22 de febrero con el que la institución aprobó subvenciones a las empresas que utilicen solo el catalán para elaborar rotulación comercial, cartas y publicidad, por considerar que vulnera la Constitución.
La Delegación del Gobierno en Baleares ha explicado en un comunicado que planteó el recurso contencioso-administrativo por medio de la Abogacía del Estado contra dicho acuerdo el pasado 16 de abril al considerar que vulnera la doctrina del Tribunal Constitucional al regular que tendrán acceso a las ayudas aquellas empresas que utilicen «únicamente el catalán» en impresos, carteles, actividades publicitarias o documentos administrativos.
La normativa municipal establece que el consistorio dará subvenciones «para la elaboración de impresos, rótulos, etiquetas, bolsas, papel de envolver, cartas de restaurante, etc., que sean de uso habitual y que estén solo en lengua catalana».
«En el caso de la edición de impresos dirigidos a un público muy heterogéneo se podrá utilizar la versión catalana acompañada de otras lenguas, con la condición de que el texto en catalán esté en primer lugar», según recogen las bases reguladoras «para conceder subvenciones a las empresa que utilicen el catalán como lengua habitual».
5.000 euros en ayudas
El consistorio ha destinado un presupuesto de 5.000 euros a estas ayudas, y lo que se subvenciona es el 50 % del coste en el caso de la rotulación comercial y los documentos administrativos, y del total del coste para las cartas de bar y restaurante que se hagan «únicamente en catalán» (hasta un tope de 350 euros) y de las actividades publicitarias (con el mismo máximo).
La doctrina constitucional señala que «la regulación de la cooficialidad lingüística no puede imponer la primacía de una de las lenguas oficiales en relación con otra, ni suponer una postergación o menoscabo de alguna de ellas», precisa la Delegación del Gobierno en su nota.
El Constitucional establece en varias sentencias en los últimos años que la cooficialidad -como la vigente en Baleares- ha de sujetarse a un «patrón de equilibrio o igualdad entre lenguas cooficiales, que impide atribuir carácter preferente a ninguna de ellas», indica la nota.
Baleares se queja
La consejera de Cultura del Govern balear, Fanny Tur, ha considerado que el recurso es «un ataque» contra la independencia municipal y la lengua cooficial.
«Lamentamos la intromisión», ha afirmado Tur en una declaración ante los medios de comunicación en los pasillos del Parlament, donde ha resaltado que las subvenciones por rotulación en catalán del consistorio mallorquín están en consonancia con la Ley de Normalización Lingüística, el Estatuto de Autonomía y la propia Constitución, que reconoce la cooficialidad de las lenguas propias.
Así, la consejera ha incidido en que la línea de ayudas recurrida se viene aprobando «desde hace 20 años» y que el PP también le ha dado su respaldo. No obstante, según ella, el Gobierno central impulsa «un conflicto artificial» para aprovechar políticamente la polémica generada por la «situación de Cataluña».
La portavoz parlamentaria del PP, Marga Prohens, ha afirmado sobre la actuación de la Abogacía del Estado que su partido está «a favor del fomento de la lengua propia», y por eso su grupo municipal apoyó la línea de subvenciones impugnada.
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