La Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional ha detectado la existencia de un mercado ilícito de facturas y justificantes dirigido a inmigrantes ilegales interesados en acogerse al proceso de «regularización» extraordinaria anunciado por el Gobierno. Según publica El Español, se trata de una red de comercialización de documentos que podrían utilizarse para acreditar la permanencia en territorio español antes del 31 de diciembre de 2025, requisito temporal previsto en la medida.
Los investigadores describen el fenómeno como un “gran bazar” digital en el que se ofertan facturas de suministros, contratos de telefonía y tickets de diversa naturaleza. Estos documentos se publicitan en plataformas como Telegram e Instagram, así como en páginas web específicas. El objetivo sería facilitar pruebas documentales que respalden solicitudes de «regularización» administrativa.
Las unidades especializadas en delitos vinculados al tráfico de personas y a la inmigración ilegal han intensificado el seguimiento de estas prácticas ante el un posible fraude masivo. Las investigaciones se producen después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara a finales de enero la puesta en marcha de un procedimiento extraordinario que podría beneficiar, según estimaciones oficiales, a más de 500.000 inmigrantes ilegales.
Desde ese anuncio se ha observado un incremento significativo de ofertas de documentación presuntamente falsificada o emitida sin respaldo real. El volumen de solicitantes de la «regularización» extraordinaria podría superar las previsiones iniciales del Gobierno de Sánchez. Asimismo, apuntan a que los procesos de reagrupación familiar asociados a la obtención de permisos podrían elevar de forma sustancial la cifra de nuevos residentes legales, con implicaciones administrativas y operativas para los distintos servicios públicos.
En paralelo, la Policía ha culminado recientemente una operación contra una organización criminal dedicada a introducir en España a inmigrantes ilegales mediante empresas instrumentales. La red utilizaba una gestoría ubicada en la localidad madrileña de Rivas como núcleo de sus actividades y, según la investigación, habría facilitado la obtención de documentación a los ilegales en distintos puntos del país.
Las autoridades también han detectado un aumento de denuncias por extravío de pasaporte que consideran inusualmente elevado. Una circular interna advierte de que miles de inmigrantes estarían alegando la pérdida de su documentación para intentar acogerse a la «regularización» administrativa. En el inicio del año se ha registrado un incremento del 866,67% en ciudadanos pakistaníes que declaran haber extraviado su pasaporte; del 356,25% en el caso de argelinos; del 114% en marroquíes; y del 35% en colombianos.
Según la información recabada por las unidades de Extranjería, en numerosos casos las comprobaciones policiales han revelado la existencia de antecedentes penales o policiales en España o en terceros países, así como la utilización de identidades distintas a las declaradas.
